Ministerio de Vivienda: Sede con riesgo de colapso sísmico
El edificio institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento registra fallas estructurales severas que ponen en peligro de colapso la torre de 16 pisos ante un sismo de gran magnitud, según un reportaje difundido por Cuarto Poder
La sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicada en el distrito de San Isidro, presenta un riesgo estructural crítico de colapso total ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud debido a fallas de origen en su diseño arquitectónico. De acuerdo con un reportaje periodístico de Cuarto Poder, el inmueble institucional fue adquirido en el año 2018 bajo una transacción financiera que se completó sin realizar los estudios técnicos mínimos previos para verificar el estado real de sus columnas y vigas. La falta de un análisis de ingeniería civil al momento de la compra ha dejado expuestos a un peligro inminente a los centenares de trabajadores públicos que ocupan diariamente las instalaciones del edificio estatal.
El inmueble afectado es una edificación que consta de 16 pisos, 4 sótanos y una azotea, situada en la avenida República de Panamá 3650, dentro de la zona financiera del distrito de San Isidro. La propiedad fue vendida al pliego ministerial por el Banco de la Nación a cambio de un monto de 33 millones 500 mil dólares, una cifra comercial que superó los 100 millones de soles según el tipo de cambio vigente en la época de la operación comercial. Tras la culminación de la transferencia inmobiliaria, el exministro de Vivienda, Javier Piqué, confirmó de manera pública que las autoridades institucionales completaron la transacción económica sin solicitar ni ejecutar peritajes estructurales previos sobre el esqueleto de concreto de la torre.
Un estudio de sismorresistencia determina el peligro de colapso estructural en el sexto piso
Un estudio técnico de sismorresistencia contratado por la propia institución en el año 2020 determinó de manera científica que la edificación infringe los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones. La evaluación de ingeniería fue elaborada por el especialista Carlos Cortijo Narváez, quien detectó fallas graves de diseño estructural que se originaron en la década de los 90, periodo en el cual las instalaciones albergaban las oficinas de la desaparecida entidad bancaria Banco Banex. El informe técnico, que consta de un expediente de 252 páginas de análisis físico, detalló que el punto crítico de vulnerabilidad sísmica se concentra específicamente en el piso 6 de la torre.
De acuerdo con el peritaje técnico de Carlos Cortijo Narváez, la ubicación actual de la caja de los ascensores rompe la simetría geométrica de toda la estructura portante, lo que ocasiona un fenómeno físico conocido como torsión asimétrica. Al momento de registrarse un sismo de fuerte intensidad, los niveles inferiores del edificio logran resistir el impacto de la fuerza telúrica, pero la sección superior experimenta un balanceo violento bajo el efecto denominado técnicamente como piso blando. El documento advierte de forma explícita que la acumulación de energía destruirá por completo los soportes del sexto nivel, generando un efecto de corte que causará el colapso de la torre en su totalidad.
El peligro real determinado por el estudio sismorresistente afecta directamente la seguridad de una gran cantidad de personal administrativo que labora en el aparato estatal. En la actualidad, la infraestructura física de la sede central alberga diariamente a más de 700 trabajadores del sector público que desempeñan funciones en los diferentes niveles de la edificación en riesgo. La subsistencia de este defecto estructural latente, analizado y documentado desde el año 2020, representa una amenaza directa contra la integridad física de los empleados, debido a que el soporte del sexto piso carece de la rigidez necesaria para contener un movimiento sísmico severo.
Desacuerdos técnicos y arbitraje legal paralizan el proyecto de reforzamiento del edificio
La solución de ingeniería civil recomendada para mitigar el riesgo sísmico del edificio requiere la instalación integral de un sistema de reforzamiento estructural y la colocación de disipadores sísmicos. Con el objetivo de ejecutar las reparaciones, en febrero del año 2024, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento otorgó la buena pro de la licitación pública al Consorcio REYCH. El contrato estatal se fijó por un monto económico superior a los 700 mil soles, una partida presupuestal destinada de manera exclusiva al diseño técnico y elaboración de los planos de ingeniería necesarios para intervenir las estructuras afectadas.
No obstante, el proceso de reparación física de la sede ministerial quedó paralizado debido a un conflicto legal surgido entre la empresa consultora privada y los representantes del sector público. El consultor contratado y el equipo técnico del ministerio entraron en discrepancias severas debido a desacuerdos mutuos referidos al método de reforzamiento de las losas de concreto y a los plazos establecidos para la entrega de los avances. Estas diferencias de criterio técnico y de gestión administrativa derivaron finalmente en la resolución del contrato, interrumpiendo el cronograma de actividades planificado para asegurar el inmueble de San Isidro.
La disputa legal surgida por la resolución contractual escaló formalmente hacia las instancias jurisdiccionales, provocando que el caso fuera derivado ante un tribunal de arbitraje administrado por la entidad MARC-PERÚ. Esta situación de entrampamiento legal dejó el proyecto de reforzamiento de ingeniería totalmente paralizado y sin fecha de reanudación inmediata durante los meses posteriores. Ante la falta de avances administrativos y la persistencia del peligro sísmico, en febrero del año 2026, el ministerio publicó una nueva convocatoria pública con el objetivo de seleccionar a otra empresa consultora que asuma la elaboración de un expediente técnico de emergencia.