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Ministro de Justicia: FF. AA. apoyarán control externo de cinco penales en emergencia

El ministro de Justicia sostuvo que la estrategia no se limitará a realizar requisas periódicas, sino que buscará identificar mediante labores de inteligencia cómo operan las organizaciones criminales dentro de los penales

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que la declaratoria de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad permitirá reforzar el control externo de los establecimientos penitenciarios con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas./ Video: Canal N

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que la declaratoria de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad permitirá reforzar el control externo de los establecimientos penitenciarios con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, además de implementar mecanismos de inteligencia para impedir que los internos continúen operando organizaciones criminales desde las cárceles.

En entrevista con Canal N, Álvarez explicó que la medida establece el marco legal para que las Fuerzas Armadas apoyen al personal del INPE y a la Policía en el control del perímetro de los penales. Entre los objetivos se encuentra impedir el ingreso de teléfonos celulares, chips, armas y otros elementos que puedan ser utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior.

El ministro señaló que el control también permitirá enfrentar la instalación de antenas y otros mecanismos utilizados para facilitar las comunicaciones clandestinas alrededor de los establecimientos penitenciarios.

Gobierno busca recuperar control de los penales

Álvarez sostuvo que la estrategia no se limitará a realizar requisas periódicas, sino que buscará identificar mediante labores de inteligencia cómo operan las organizaciones criminales dentro de los penales.

En ese sentido, planteó recurrir incluso a oficiales en situación de retiro que cuenten con experiencia y formación especializada en inteligencia y seguridad. El ministro consideró que el Estado ha desaprovechado durante años las capacidades de oficiales que fueron formados en estas áreas y que podrían contribuir a fortalecer las labores de seguridad penitenciaria.

“Lo que necesitamos ahora es implementar mecanismos de inteligencia al interior de cada uno de los penales y para eso tenemos que hacer una labor silenciosa”, afirmó.

Álvarez confirma cambio en la jefatura del INPE

Respecto a la conducción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ministro confirmó que esta semana se produjo el cambio del jefe de la institución. Como se sabe, tras la salida de Raúl Inga Garay, el gobierno de Keiko Fujimori nombró al oficial en retiro de la FAP Abraham Alejandro Lescano Salazar como nuevo jefe del INPE.

Explicó que la decisión no respondió a una falta cometida por el anterior funcionario, a quien calificó como un buen trabajador, sino a la necesidad de implementar una nueva estrategia para desarticular las distintas modalidades mediante las cuales se introducen objetos prohibidos y se mantienen actividades criminales dentro de los penales.

Álvarez también señaló que el personal penitenciario requiere una carrera basada en la meritocracia que permita mejorar sus condiciones profesionales y ofrecer incentivos a los funcionarios que cumplen adecuadamente sus labores.

Según sostuvo, fortalecer la carrera del INPE también contribuirá a enfrentar las presiones y amenazas que reciben los trabajadores por parte de organizaciones criminales.

Reordenarán a los internos según su nivel de peligrosidad

El ministro anunció además que se iniciará un proceso de empadronamiento y redistribución de los internos para garantizar que cada persona permanezca en el régimen penitenciario que corresponda a su perfil y al delito por el que fue condenada o procesada.

Álvarez señaló que actualmente existen internos que cumplen condena en establecimientos de máxima seguridad pese a no corresponder necesariamente a ese nivel de peligrosidad, mientras que algunos cabecillas de organizaciones criminales se encuentran en penales de régimen común.

Consideró que esta situación debe ser corregida progresivamente, pero advirtió que los traslados deberán realizarse con cuidado para evitar motines o disturbios que pongan en riesgo la vida de internos y trabajadores.

El objetivo, sostuvo, es recuperar el control de los establecimientos y, al mismo tiempo, garantizar condiciones que permitan la resocialización de los internos.

Jhonsson “Pulpo” podría ser enviado a penal de máxima seguridad

Sobre la situación de Jhonsson “Pulpo” Cruz, recientemente capturado, Álvarez señaló que el Consejo Penitenciario del INPE será el encargado de determinar el establecimiento donde cumplirá su condena, de acuerdo con el régimen que corresponda.

Sin embargo, consideró que no sería conveniente que el presunto líder criminal sea trasladado a un penal donde pueda mantener facilidades para continuar operando su organización. El ministro mencionó como posibilidades la Base Naval del Callao, siempre que se prorrogue el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra, así como los penales de Challapalca y Pasco.

Precisó que la decisión se adoptará luego de que concluyan las investigaciones que realizan la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Emergencia penitenciaria comenzó a ejecutarse

Álvarez indicó que desde el inicio de la declaratoria de emergencia ya se vienen coordinando las acciones para desplegar el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. No obstante, remarcó que el Gobierno busca evitar intervenciones que se limiten a exhibir resultados de requisas sin atacar las estructuras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales dentro de los establecimientos.

El ministro sostuvo que la declaratoria de emergencia constituye el punto de partida de una política penitenciaria de más largo plazo, aunque reconoció que su implementación enfrentará resistencias, corrupción y distintas problemáticas particulares en cada penal.

Finalmente, señaló que el objetivo es recuperar progresivamente la autoridad del Estado dentro de los establecimientos penitenciarios, proteger a los trabajadores del INPE y crear mejores condiciones para la resocialización de los internos.

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