Ministro de Justicia sobre demanda de Polay ante CIDH: La postura del Ejecutivo es de defensa del Estado

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, aseguró este jueves que el Ejecutivo brindará todas las herramientas y facilidades a la Procuraduría General del Estado para tener la mejor defensa legal en caso la demanda interpuesta por el cabecilla terrorista Víctor Polay contra el Estado peruano llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"La postura clara (del Ejecutivo) es de defensa del Estado, nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo. Vamos a brindar todas las facilidades a la Procuraduría para que, en caso de que este tema llegue a la Corte, tengamos la mejor defensa, de eso no tengamos ninguna duda", sostuvo en diálogo con la prensa.

Maurate precisó que, debido a la autonomía con la que cuenta la Procuraduría, esta es la encargada de hacerle seguimiento a la demanda y realizar las acciones necesarias.

"Este es un tema que está a cargo de la Procuraduría, la Procuraduría es autónoma ahora, el mismo Congreso ha dado una norma", dijo.

El titular de Justicia y Derechos Humanos recordó que, si bien el Ejecutivo no puede intervenir de manera directa en el tema, brindará el apoyo necesario una vez se haya recibido el informe de la Procuraduría con respecto al estado actual de la demanda y las acciones que se han tomado.

"Ya hemos pedido un informe a la Procuraduría para que nos pueda informar cuál es el estado (de la demanda) y qué están haciendo. Seguramente en las próximas horas recibiremos el informe y en función de eso veremos si hacemos alguna invocación o medida adicional porque no es un tema donde el Ejecutivo intervenga, es básicamente un espacio donde la Procuraduría interviene", remarcó.

CIDH ADMITE DEMANDA DE CABECILLA TERRORISTA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda planteada por familiares y personas allegadas al cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, quien acusó al Estado peruano de violar su derecho al principio de legalidad y sus garantías judiciales, y permitir que sea torturado desde su detención, sin investigar “diligentemente tales hechos”.

La admisión de la demanda implica el desarrollo de un proceso que podrá ser materia de una audiencia entre los demandantes y el Estado peruano. La parte culminante del mismo derivará en la emisión de un pronunciamiento de índole no vinculante por parte de la CIDH.

De no acatarse las recomendaciones incluidas en este, la mencionada instancia podrá llevar el caso ante la Corte IDH.

Cabe recordar que el criminal Polay Campos fue declarado culpable el 22 de marzo de 2006 por diversos delitos cometidos entre 1980 y 1990 y sentenciado con 35 años de prisión.