Ministro Luis Jiménez Borra: Plan de deshacinamiento penitenciario proyectado hasta 2028

El ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, informó en Canal N que el Gobierno ha iniciado la ejecución de un plan nacional de deshacinamiento penitenciario. La medida responde a la situación de sobrepoblación en los centros penitenciarios del país.

Según indicó, actualmente un equipo del Instituto Nacional Penitenciario trabaja en la elaboración de expedientes que serán remitidos al Poder Judicial para su evaluación.

“En cuanto a lo primero, este plan se está ya ejecutando. En este momento ya hay un equipo de abogados del Instituto Nacional Penitenciario que están trabajando con la rendición de los expedientes para poder preparar un primer bolsón y ser remitidos al Poder Judicial”, dijo. 

Precisó que este plan tiene como horizonte el año 2028. Añadió que la actual gestión dejará una hoja de ruta para que el siguiente gobierno continúe con su implementación.

“Este plan tiene como horizonte el año 2028. Quiere decir que le vamos a dejar al gobierno que asuma en unos meses este plan para que ellos puedan continuar y si desean a bien potenciarlo, pero que no se vaya a quedar simplemente en una gestión de unos meses. Pero estamos dejando esa hoja de ruta", sostuvo.

Internos que podrían acceder al plan de deshacinamiento

El titular del sector señaló que alrededor de 24,739 internos podrían ser considerados dentro de esta política. Precisó que cada caso será evaluado por el INPE y el Poder Judicial antes de cualquier decisión.

Asimismo, indicó que se trabaja en la elaboración de un decreto supremo para facilitar la aplicación de medidas en casos de omisión de asistencia familiar.

Delitos incluidos y excluidos en el plan

El ministro aseguró que no se liberará a internos considerados peligrosos. Detalló que los beneficiarios potenciales son personas condenadas por delitos culposos o de menor gravedad.

En ese sentido, precisó que delitos como homicidio, sicariato, extorsión y terrorismo no serán incluidos en este proceso ni serán evaluados dentro del plan.

“Los penales tienen que estar los que tienen que estar. Y hay personas sobre las cuales se pueden ejercer medidas alternativas de sanción”, expresó.

Hacinamiento en penales y condiciones actuales

Durante las visitas a distintos establecimientos penitenciarios, el sector Justicia identificó niveles de sobrepoblación. En el penal de San Juan de Lurigancho, con capacidad para 3,000 internos, se alberga a cerca de 10,000 personas.

En otros centros, como Chincha y Pucallpa, se reportaron celdas con más del triple de su capacidad, lo que dificulta el control de la seguridad interna.

Capacidad del sistema penitenciario y situación del personal

El presidente del INPE, Jorge Cotos Ochoa, indicó que el sistema cuenta con 69 establecimientos penitenciarios y alrededor de 105,000 internos. Señaló que aproximadamente 2,150 trabajadores de seguridad tienen la responsabilidad de custodiar a esta población.

También informó que se adoptaron acciones tras un incidente en Ica que dejó un trabajador fallecido y otro herido, incluyendo operativos y atención a los afectados.

Finalmente, reiteró que las medidas contempladas serán aplicadas únicamente a internos por delitos de menor gravedad, previa evaluación del INPE y del Poder Judicial.

“En primer lugar, en lo que se refiere a la fase, evidentemente nos encontramos en una primera fase. Este es un proceso que lo hemos iniciado ahora en vista a las visitas que hemos realizado a diferentes establecimientos penitenciarios y de constatar la realidad”, manifestó.