Minjus advierte: Especular con precios en emergencias es delito
Alberto Vega, del Ministerio de Justicia, advirtió que generar escasez de combustible o subir precios de forma injustificada podría configurar delitos de acaparamiento
El director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Alberto Vega, advirtió que generar escasez de combustible o elevar precios de manera indebida podría constituir delito de acaparamiento o especulación, conductas sancionadas por el Código Penal.
En entrevista con Canal N, el funcionario explicó que en los últimos días algunos conductores en Lima Metropolitana reportaron incrementos en los precios del combustible en diversos grifos. Posteriormente, algunos establecimientos comenzaron a indicar que no contaban con abastecimiento.
Según señaló, cuando agentes económicos alteran el funcionamiento normal del mercado, ya sea restringiendo la oferta o elevando precios de manera injustificada, se afecta la estabilidad del orden económico y el acceso de los consumidores a bienes esenciales.
Código Penal contempla delitos contra el orden económico
El representante del MINJUSDH explicó que el Código Penal contempla una serie de delitos contra el orden económico, entre ellos el acaparamiento, que se configura cuando un agente económico provoca escasez o desabastecimiento de determinados productos con el objetivo de obtener un beneficio económico indebido.
Estas prácticas pueden incluir acciones destinadas a restringir la oferta de bienes, generar desabastecimiento artificial o elevar los precios para luego vender los productos a un mayor valor.
De acuerdo con el funcionario, estas conductas perjudican directamente a los consumidores que dependen de determinados bienes para sus actividades diarias, como conductores de taxis, colectivos y otros trabajadores que utilizan combustible para movilizarse o generar ingresos.
“Cuando agentes económicos, de manera malintencionada, alteran los precios, o se conciertan determinados proveedores de bienes y servicios para concentrar precios, elevarlos o generar desabastecimiento o escasez para incurrir en acciones de especulación para que, en determinados momentos, puedan ofertarlos bajo elevados precios, esas conductas son castigadas por el Código Penal. Existen en el código una familia de delitos que se denominan delitos contra el orden económico, uno de ellos es el delito de acaparamiento”, dijo.
Especulación es sancionada con penas de prisión
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recordó además que el delito de especulación, tipificado en el artículo 234 del Código Penal, sanciona a productores, proveedores o comerciantes que incrementan de manera injustificada los precios de bienes o servicios esenciales.
Esta conducta se castiga con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, además de multas de entre 180 y 365 días-multa.
Si el delito se comete durante un estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, la sanción se agrava y puede alcanzar penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
El MINJUSDH señaló que esta norma busca evitar que determinados actores del mercado se aprovechen de situaciones de escasez, emergencias sanitarias, desastres naturales o crisis económicas para obtener ganancias indebidas.
Concertación de precios también puede ser sancionada
La entidad también recordó que la concertación de precios entre empresas está prohibida por el Decreto Legislativo N.º 1034, conocido como Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
En estos casos, la investigación corresponde al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que puede imponer multas de hasta el 12 % de los ingresos o ventas anuales de la empresa.
Además de las sanciones económicas, también se pueden aplicar medidas correctivas y sanciones a los directivos responsables.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos exhortó a los agentes económicos a respetar las normas que regulan el mercado y pidió a la ciudadanía denunciar ante las autoridades cualquier práctica relacionada con incrementos injustificados de precios o acuerdos ilícitos entre empresas.