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Muñante propone cárcel por denuncias falsas de violencia

La iniciativa de Renovación Popular ha sido cuestionada por congresistas y activistas, quienes advierten que podría disuadir a víctimas reales de denunciar.
Foto y video: Canal N

El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea sancionar con cárcel a quienes interpongan denuncias falsas en procesos de violencia familiar.

Según la iniciativa, la pena podría llegar hasta seis años de prisión y se aplicaría también una multa económica.

Para el parlamentario, el objetivo es evitar que personas utilicen indebidamente las medidas de protección previstas en la ley para obtener ventajas como la tenencia de hijos, el alejamiento del hogar o la pérdida de la patria potestad por parte del denunciado.

"Si alguien denuncia y no presenta pruebas, ¿ante qué estamos?”, cuestionó.

Fuente: Canal N

Críticas alertan retroceso en la protección a víctimas

La propuesta ha generado críticas desde diversos sectores. La congresista Ruth Luque calificó la iniciativa como una forma de criminalizar a las víctimas.

“Es una lógica perversa”, sostuvo. Por su parte, la directora del Centro Flora Tristán, Liz Meléndez, advirtió que medidas como esta podrían desincentivar las denuncias y debilitar el sistema de protección a mujeres víctimas de violencia.

Ambas señalaron que en un contexto donde muchas denuncias son archivadas por falta de pruebas, cargar con una posible sanción penal podría aumentar la impunidad.

Proyecto aún deberá ser debatido en comisiones

El documento legislativo establece además sanciones para peritos, médicos legistas o profesionales que incurran en adulteración de documentos o informes en estos casos.

Las comisiones de Justicia y de Mujer y Familia serán las encargadas de revisar y dictaminar el proyecto.

Hasta el momento, la propuesta permanece en etapa preliminar, pero ha abierto un debate sobre la delgada línea entre la protección frente a denuncias infundadas y el riesgo de desalentar denuncias legítimas en un país con altos índices de violencia familiar.

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