Nakazaki: “Policía que actúa reglamentariamente no comete delito”
El abogado penalista César Nakazaki se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el presidente encargado interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, que propone eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por el uso de armas durante las protestas ocurridas en 2022 y 2023. Según indicó Nakazaki, este proyecto no busca generar impunidad, sino reforzar normas ya vigentes del derecho penal peruano.
Durante una entrevista en Canal N, el penalista explicó que en el marco legal actual existen causas de justificación, como la legítima defensa o el cumplimiento del deber, que permiten a funcionarios actuar incluso con consecuencias letales si lo hacen dentro de los márgenes establecidos por la ley. En ese sentido, afirmó que los policías y militares que usan su armamento reglamentario de manera proporcional no cometen delito.
¿Qué implica el proyecto propuesto por Rospigliosi?
Según Nakazaki, la propuesta legislativa de Rospigliosi tiene como finalidad que fiscales y jueces apliquen correctamente las normas existentes, ya que muchas veces estos procesan penalmente a miembros de las fuerzas del orden pese a que actuaron conforme al reglamento. El abogado señaló que la proporcionalidad en el uso de la fuerza es clave y que los casos donde se cometen excesos, como disparar por la espalda o fuera del contexto operativo, seguirán siendo penados.
El penalista también aclaró que esta norma no representaría una amnistía general ni un blindaje automático para los efectivos de las fuerzas del orden. A su juicio, lo que hace el proyecto es recordar que la ley ya contempla estas protecciones cuando la actuación es lícita y necesaria para el restablecimiento del orden.
Caso Kuczynski: ¿una persecución sin sustento?
En otro momento de la entrevista, Nakazaki comentó sobre el pedido de ocho años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso IIRSA Norte. Recordó que fue su abogado hasta hace cuatro años y sostuvo que el caso está mal fundamentado, ya que ninguna declaración de ejecutivos brasileños vincula al exmandatario con actos de corrupción.
Aseguró que, por el contrario, existen testimonios que describen a Kuczynski y a los funcionarios de Proinversión como obstáculos para las intenciones de Odebrecht. Desde su perspectiva, el caso contra el exmandatario responde a una lógica de "trofeo político" y no a una acusación penal sólida.
Posición frente a la desactivación del equipo Lava Jato
Respecto a la decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, de desactivar el equipo especial Lava Jato, Nakazaki expresó que lo ideal sería no contar con estos equipos, aunque reconoce que han sido necesarios en contextos excepcionales, como el terrorismo o los casos de corrupción de alto nivel.
El abogado recomendó que cualquier decisión de desactivación sea colegiada, tomada por la Junta de Fiscales Supremos y aplicada de forma gradual. Indicó que no se puede retirar a fiscales en medio de juicios complejos sin afectar los procesos, y que la continuidad de los fiscales a cargo de casos sensibles, como el de Susana Villarán o el propio Kuczynski, debe garantizarse para no entorpecer la administración de justicia.