Obra del hospital de Virú quedó en manos de firmas sin historial
La obra fue otorgada a un consorcio sin experiencia comprobada
La construcción del Hospital de Virú, una de las obras más esperadas en la región La Libertad, ha quedado envuelta en serias controversias. Según un reportaje difundido por Cuarto Poder, la licitación por S/ 194 millones fue adjudicada a un consorcio encabezado por empresarios sin experiencia previa en infraestructura hospitalaria, en un proceso cuestionado por presuntas irregularidades.
El consorcio Hospital Virú está conformado por JM Constructores Peruanos S.A.C., propiedad del ingeniero Joel Yangari Cartolín, y por LC & EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori. Entre ambas firmas controlan el 99% del consorcio. La tercera empresa, una firma extranjera con experiencia técnica, apenas tiene el 1% de participación.
¿Qué antecedentes tienen las empresas adjudicatarias?
Yangari, de 38 años, está actualmente inhabilitado por el Colegio de Ingenieros y su empresa solo registra contratos menores con el Estado, por servicios de topografía y excavación. Cocca, con apenas 23 años, no tiene historial técnico en el rubro y ya ha sido beneficiada con otra obra vial valorizada en más de S/ 121 millones.
Ambas empresas nunca habían construido hospitales ni obras de envergadura. Sin embargo, lograron adjudicarse el megaproyecto hospitalario tras la descalificación de otro consorcio, al cual no se le permitió subsanar errores mínimos. Por el contrario, a Hospital Virú se le concedió la oportunidad de corregir observaciones, incluyendo el ajuste del monto ofertado.
¿Qué dice la normativa y qué opinan los especialistas?
El experto en contrataciones públicas José Trelles advirtió que permitir la participación de empresas sin experiencia en ejecución de hospitales pone en riesgo la calidad de la obra. “La empresa con experiencia solo tiene el 1% y no ejecutará la obra. El control lo tienen empresas sin trayectoria, lo cual es grave”, sostuvo.
Un documento del propio Gobierno Regional revela que se pidió al consorcio modificar el monto de su oferta. La Contraloría también advirtió en otro contrato adjudicado a Lucero Cocca que se venía ejecutando sin los profesionales requeridos por ley, lo que podría comprometer la calidad y durabilidad del proyecto.
¿Cuál fue la reacción del gobernador César Acuña?
El gobernador regional encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra junto al Ministro de Salud. En su discurso, aseguró que cumpliría su promesa: “El hospital se hará sí o sí en nuestro gobierno”. Días después, publicó en la red X un pedido formal a la Contraloría para auditar los procesos de selección de obras desde 2023, aunque luego borró el mensaje.
Consejeros de oposición han denunciado amenazas y agresiones tras evidenciar estos casos. “Responsabilizo al partido Alianza para el Progreso por lo que me pueda ocurrir”, declaró uno de ellos, señalando que estas obras benefician a empresarios sin experiencia con presuntos vínculos políticos.
¿Qué se juega en La Libertad con este contrato?
Con más de S/ 300 millones comprometidos entre las dos grandes obras adjudicadas a estas jóvenes empresas, el Gobierno Regional de La Libertad enfrenta cuestionamientos por la falta de filtros técnicos en sus procesos de contratación. La ejecución de estas obras, en manos de firmas inexpertas, genera incertidumbre sobre su cumplimiento y la seguridad de los futuros usuarios.
El caso del hospital de Virú se convierte así en un emblema de cómo la débil fiscalización y los vacíos en la normativa pueden abrir la puerta a decisiones que comprometen la calidad de servicios esenciales como la salud pública.
Resumen de puntos clave
El hospital de Virú fue adjudicado por S/ 194 millones a un consorcio sin experiencia en obras hospitalarias.
Joel Yangari y Lucero Cocca lideran el consorcio; el primero está inhabilitado y la segunda no tiene historial técnico.
La empresa con experiencia solo posee el 1% del consorcio.
El proceso de licitación permitió correcciones al consorcio ganador, pero no a su competidor.
Consejeros denuncian presiones políticas y amenazas tras revelar estos hechos.