Oficina Jurídica de la PCM recomienda presentar demanda competencial
Informe indica que la actuación del Ministerio Público y Poder Judicial configurarían un conflicto constitucional por menoscabo de las competencias y funciones de la presidenta
Un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fechado el último 17 de mayo, es uno de los dos documentos en los que se basa la resolución del Gobierno que dispuso presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda competencial por un supuesto menoscabo de las funciones de la presidenta Dina Boluarte.
En el documento, de 17 páginas, el área técnica de la PCM emite como opinión concluyente que la actuación del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) respecto a las investigaciones preliminares contra la mandataria, por presuntos delitos no comprendidos en el artículo 117 de la Constitución, configurarían un conflicto competencial, específicamente, un conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto, debido a que esas acciones afectarían el ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República.
RESPUESTA AL CASO ROLEX
Cabe recordar que la presidenta Boluarte decidió presentar una demanda competencial ante el TC en contra del MP y el PJ. Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, Boluarte argumentó que ha habido un menoscabo en el ejercicio de sus competencias y funciones debido a una presunta injerencia por parte de estas instituciones.
Este acto del Ejecutivo busca salvaguardar la autonomía de las funciones presidenciales y garantizar que no haya interferencias indebidas en su gestión.
Esta acción se produce en respuesta a una investigación anunciada por la Fiscalía de la Nación respecto al caso Rolex.
MINISTRO DE JUSTICIA: "EL FISCAL DE LA NACIÓN HA TRASPADO LOS LÍMITES"
El ministro de Justicia (Minjus), Eduardo Arana, señaló que el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, deberá explicar las razones por las cuales busca investigar a la mandataria.
De acuerdo con Arana, no hay fundamento alguno para abrir investigación contra la mandataria, pues históricamente la Fiscalía de la Nación ha interpretado que no se puede investigar ni acusar al Presidente de la República.
"Consideramos que no ha habido un accionar conforme a los antecedentes, y que el Fiscal de la Nación ha traspado estos límites que corresponden a su propia función. La conducta histórica de los Fiscales de la Nación ha sido interpretar que no puede investigar ni acusar a un Presidente de la República, independientemente del nombre, no se trata de un nombre, se trata de la figura de la investidura presidencial. El Fiscal de la Nación tiene que explicar por qué él ha cambiado esa posición, no nosotros", sostuvo en conferencia de prensa.