PCM: Fiscalía no puede situarse por encima de la Constitución
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un pronunciamiento este viernes en el que expresó su preocupación por el pedido del Ministerio Público para declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular.
En el documento, el Ejecutivo advirtió que esta acción representa un intento de judicializar la política y que corresponde únicamente a los ciudadanos decidir qué partidos deben participar en las elecciones generales de 2026.
El pronunciamiento se publicó minutos antes del inicio de la audiencia en la que la Junta Nacional de Justicia evaluaría la posible suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, por no ejecutar una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides.
PCM: Ministerio Público no puede actuar por encima de la Constitución
En el comunicado, el Gobierno señaló que “una institución como el Ministerio Público, cuya función debe ser velar por el cumplimiento de las leyes, no puede convertirse en un ente que pretenda decidir antidemocráticamente qué partidos compiten en las próximas elecciones”.
Agregó que el Estado de derecho debe respetarse, y que cualquier interferencia en el proceso electoral vulnera los principios democráticos y constitucionales. “Los peruanos debemos elegir a nuestras próximas autoridades mediante un voto libre y soberano”, enfatizó la PCM.
El Ejecutivo recordó que, tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se convocaron elecciones generales para el 12 de abril de 2026 con la presencia de autoridades del sistema electoral.
En ese marco, reiteró su compromiso de garantizar que dichos comicios se realicen en un ambiente de paz, hermandad y respeto institucional.
Asimismo, advirtió que el país ha atravesado una crisis política sostenida, con seis presidentes en seis años, lo cual ha afectado la confianza ciudadana y el clima para las inversiones. Por ello, hizo un llamado a consolidar la democracia y evitar nuevas desestabilizaciones.
La fiscal Delia Espinosa presentó este requerimiento al Poder Judicial como una de sus últimas decisiones al frente de la Junta Nacional de Justicia.