Pensión 65 y Juntos: personas fallecidas eran beneficiarias
Un nuevo robo en los programas Juntos y Pensión 65 se habría registrado. 23 mil 389 personas muertas habrían estado en el padrón y de forma misteriosa, habrían estado cobrando.
La Contraloría General de la República realizó una investigación en la que se descubrió entre 2012 y 2014, el Banco de la Nación desembolsó 9 millones de soles de los que 732 mil 714 soles.
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La carpeta entregada detalla que recién en 2014 se dio cuenta de la pérdida cuando Pensión 65 pidió al Banco de la Nación aplicar el seguro de riesgo. De esta forma logró el reembolso deldinero.
El banco del Estado revirtió 8 millones 834 mil soles, pero no a Pensión 65 sino a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo a la auditoría, los funcionarios de Pensión 65 no habrían solicitado el dinero al MEF a tiempo lo que impidió que les devuelvan el total del valor. El programa social solo consiguió recuperar 352 mil soles.
De acuerdo a la Contraloría, el MEF informó que el dinero de Pensión 65 recuperado fue dispuesto por ellos “conforme atribuciones”. Es decir que se gastó en otras cosas.
La responsabilidad sobre el proceso de verificación de supervivencia corresponde a los gestores que realizan dicha labor cada dos o tres meses. Ellos están encargados de tener la información de primera mano.
Pensión 65 además realiza cotejos con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con los alcaldes. Se supo que de esta forma se enteraron que 513 personas inscritas estaban fallecidas. Sin embargo, igual se les abonó la subvención.
En el diagnóstico se desprende que Pensión 65 incorporó en su padrón a 681 personas que eran pensionistas de la ONP, de la AFP y hasta de la caja de Pensiones Militar – Policial.
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En el caso del programa Juntos, la Contraloría encontró que 206 regidores locales y provinciales recibían un sueldo y también eran beneficiarios.
Al respecto, tanto el Banco de la Nación como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social declinaron dar su versión pues aseguraron que no han sido notificados ni por la Contraloría, ni por la Fiscalía especializada en Corrupción.