Pereira: Posible infracción constitucional en cirugía de Boluarte
El abogado constitucionalista también comentó la aparente falta de acción del Congreso para exigir una investigación formal que puede ser vista como una omisión de sus deberes de fiscalización
Roberto Pereira, abogado constitucionalista, se pronunció sobre la intervención quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte y sus implicancias constitucionales.
En diálogo con Canal N, explicó que, según la Constitución, el artículo 114 y 115 establece que, en caso de incapacidad temporal del presidente de la República, el Congreso debe ser informado y si no existen vicepresidentes, se activa el mecanismo de sucesión con la presidencia del Parlamento reemplazando temporalmente al mandatario.
En esa línea, precisó que esta incapacidad temporal puede surgir de diversas situaciones, incluida una intervención médica que impida al presidente tomar decisiones.
Asimismo, destacó que la Constitución no solo regula la sucesión temporal en casos de incapacidad, sino también exige que el presidente informe al Congreso sobre su situación para que este evalúe si realmente estamos ante una incapacidad temporal.
Al respecto, Roberto Pereira señaló que la mandataria no comunicó formalmente al Congreso sobre su intervención quirúrgica y consideró que sí habría cometido una infracción constitucional.
No obstante, subrayó que, para determinarlo, se hace necesario revisar la historia clínica, pero esto se ve complicado por la legislación que protege la privacidad de los datos médicos.
Reiteró que la omisión en informar sobre su incapacidad temporal podría interpretarse como una infracción de la ley de transparencia, que exige que los funcionarios públicos rindan cuentas a la ciudadanía.
Falta de acción del Congreso
También comentó que la aparente falta de acción del Congreso para exigir una investigación formal puede ser vista como una omisión de sus deberes de fiscalización. Esto debilita su rol como contrapeso al Ejecutivo.
Finalmente, el abogado constitucionalista dijo que no es tanto la intervención médica en sí, sino la falta de comunicación y el incumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución para garantizar la continuidad del gobierno y la transparencia.