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Perú logra condena regional contra violencia del Tren de Aragua

Durante la Asamblea General de la OEA, Perú lideró una declaración conjunta que condena la violencia del Tren de Aragua y llama a los Estados a adoptar medidas concretas como el uso de datos biométricos, sanciones y cooperación judicial para combatir su expansión.
Foto y video: Canal N

Durante el Quincuagésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada del 25 al 27 de junio en Antigua y Barbuda, el Perú lideró una declaración conjunta que condena la violencia del Tren de Aragua y pide adoptar medidas urgentes contra sus acciones criminales y terroristas.

La declaración fue presentada por la delegación peruana y recibió el respaldo de Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá y Paraguay. El documento, difundido por la Cancillería a través de su cuenta en X, fue aprobado como parte del compromiso regional de lucha contra el crimen organizado transnacional.

Llamado a designar al Tren de Aragua como organización terrorista

Los países firmantes condenaron “inequívocamente” las acciones perpetradas por el Tren de Aragua, a las que calificaron como terroristas y desestabilizadoras. En la declaración se alienta a los Estados miembros de la OEA a considerar la designación formal del Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, o a implementar marcos jurídicos equivalentes que permitan acciones judiciales y financieras más eficaces.

Entre las medidas propuestas se incluye el congelamiento de activos, el uso de inteligencia financiera, el intercambio de datos biométricos y la implementación de sanciones selectivas, así como la asistencia jurídica mutua y las investigaciones conjuntas.

Alerta por expansión criminal en la región

La declaración manifiesta “profunda preocupación” por el aumento de la violencia ejercida por grupos criminales transnacionales como el Tren de Aragua, cuyas operaciones ya han dejado numerosas víctimas, debilitado la seguridad pública y socavado las instituciones democráticas en varios países de América Latina.

Se detallan delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la extorsión a ciudadanos y comercios, préstamos ilegales, narcotráfico, secuestros, asesinatos por encargo y ataques contra funcionarios, fuerzas del orden y operadores de justicia.

Los firmantes también condenaron a cualquier actor —incluidos gobiernos— que brinde apoyo o refugio a estos grupos criminales, advirtiendo sobre la gravedad de la amenaza que representan para la gobernabilidad regional.

Fuente: Andina

Coordinación y asistencia técnica entre Estados

La declaración hace un llamado directo a los Estados a compartir información clave sobre miembros identificados o sospechosos del Tren de Aragua, como parte de una estrategia de coordinación regional para desmantelar sus redes transfronterizas.

Se reconoce también la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de los países más afectados mediante asistencia técnica, recursos especializados y una mejora en la articulación bilateral, regional y multilateral.

“Nos mantendremos comprometidos con el seguimiento de los avances en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, así como en el apoyo a respuestas eficaces, en el marco de la Organización de los Estados Americanos”, indica el pronunciamiento.

Perú refuerza liderazgo diplomático en materia de seguridad

Con esta iniciativa, el Perú refuerza su posición en el ámbito regional como impulsor de respuestas multilaterales ante el avance del crimen organizado. La declaración no solo subraya la necesidad de acción inmediata, sino también el enfoque compartido de varios países para enfrentar la expansión del Tren de Aragua como una amenaza común.

Fuente: Andina

El documento fue suscrito el 27 de junio en la ciudad de St. John’s, capital de Antigua y Barbuda, como parte del cierre oficial del periodo ordinario de sesiones de la OEA. La Cancillería peruana destacó que se trata de un paso concreto en la defensa de la seguridad regional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

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