Piero Corvetto: ONPE aprueba más de S/ 624 mil para defensa legal
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la asignación de recursos públicos por un total que supera los 624000 soles para financiar la defensa jurídica de su expresidente, Piero Corvetto.
De acuerdo con el Acta de Admisión N° 08-2026-FUNC-ONPE y diversas resoluciones institucionales emitidas entre abril y julio de 2026, la entidad electoral autorizó dos giros económicos a favor del Estudio Arbizu & Gamarra S.A.C.
La medida gubernamental busca cubrir la representación letrada del exfuncionario en investigaciones por presuntas irregularidades logísticas cometidas durante la organización de las Elecciones Generales 2026.
Ante la divulgación de las resoluciones administrativas, el diputado Aldo Bravo solicitó oficialmente a la Contraloría General de la República iniciar las indagaciones sobre los desembolsos aprobados por la entidad rectora de los procesos electorales.
De acuerdo con el informe de auditoría parlamentaria, el legislador requirió formalmente a la jefatura interina de la ONPE toda la documentación que sustenta la validez de los contratos. La regulación estatal prevé la restitución íntegra de los montos abonados si las autoridades judiciales determinan la responsabilidad penal o administrativa del beneficiario al término de las diligencias.
Caso Corvetto: emisión de la resolución
La Secretaría General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó el 31 de julio de 2026 la Resolución N° 000071-2026-SG/ONPE.
El documento oficial lleva la firma del actual jefe interino y exgerente general del organismo, Bernardo Pachas.
La disposición formaliza un procedimiento de selección no competitivo, amparado en el literal i) del numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
La medida administrativa adjudica la contratación directa bajo la modalidad de suma alzada al Estudio Arbizu & Gamarra S.A.C. por un presupuesto exacto de 524000 soles.
De acuerdo con la resolución institucional, la fuente de financiamiento proviene de los Recursos Ordinarios consignados en la Certificación de Crédito Presupuestario N° 2916-2026.
La norma legal vigente faculta a los servidores y exservidores públicos a solicitar financiamiento estatal para asesoría técnica por actos practicados durante el ejercicio de sus funciones institucionales.
Cobertura legal en carpetas fiscales y procesos ante la Junta Nacional de Justicia
El beneficio de defensa legal aprobado por la administración pública abarca un total de nueve expedientes abiertos contra Piero Corvetto Salinas.
La representación jurídica contratada por la entidad abarca la etapa preliminar y la etapa preparatoria en ocho investigaciones tramitadas en el Ministerio Público. Entre los casos resalta la Carpeta Fiscal Compleja N° 09-2026, la cual fue acumulada formalmente a la Carpeta Fiscal N° 1489-2026.
La nómina de investigaciones no complejas incluye las carpetas fiscales N° 262-2026, N° 1049-2026 (recalificada como N° 2147-2026), N° 237-2026, N° 2362-2026, N° 137-2026, N° 227-2026 y N° 1487-2026.
En el ámbito administrativo, el contrato asume el patrocinio ante la Junta Nacional de Justicia en el Procedimiento Disciplinario N° 029-2026-JNJ, instaurado mediante la Resolución N° 345-2026-JNJ. Los actuados fueron registrados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal institucional.
Desembolsos económicos previos e investigación de la Contraloría General de la República
El presupuesto total autorizado por la entidad pública suma 624000 soles tras la adición de dos transferencias de fondos autorizadas durante el presente año fiscal.
El primer pago ascendió a 100000 soles y se aprobó en abril de 2026, mientras que el trámite del segundo abono de 524000 soles culminó el 22 de julio. La información fue difundida públicamente por el abogado David Dumet en el programa "Al revés y al derecho".
El procedimiento de selección no competitivo contó con el aval de la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Ante estos hechos, la solicitud del diputado Aldo Bravo busca transparentar el uso de los recursos asignados a la defensa de exautoridades electorales. La Secretaría General de la ONPE ratificó que la tramitación cumple los presupuestos legales regulados en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC.