PJ admite amparo de Delia Espinoza contra miembros de la JNJ
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y sus miembros. El recurso fue planteado por la titular del Ministerio Público luego de que la JNJ ordenara la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación mediante la Resolución N.º 231-2025-JNJ.
Según el expediente, la demanda fue admitida formalmente y se ha programado la audiencia única para el 8 de agosto de 2025. Esta se realizará de forma virtual.
¿Qué derechos alega Delia Espinoza que fueron vulnerados?
La fiscal Espinoza sostiene que se han vulnerado sus derechos constitucionales al ejercicio de la función pública, al debido proceso y a la independencia funcional que le corresponde como fiscal de la Nación.
La demanda cuestiona la legalidad de la decisión de la JNJ y la acusa de interferir en su desempeño como titular del Ministerio Público.
La Primera Pretensión Principal busca restituir sus derechos fundamentales supuestamente afectados por la decisión administrativa que dejó sin efecto la sanción impuesta a Benavides.
¿Quiénes son los demandados?
Además de la Junta Nacional de Justicia como entidad, la demanda también alcanza a los seis miembros que participaron en la emisión de la resolución: Gino Augusto Tomás Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.
El juzgado también ha dispuesto notificar a la Procuraduría Pública de la JNJ para su debida intervención en el proceso.
¿Cuál es el objetivo de la demanda?
La demanda de amparo presentada por Delia Espinoza busca obtener una resolución judicial definitiva que le permita garantizar el libre ejercicio de su cargo como fiscal de la Nación y que, eventualmente, pueda anular los efectos de la resolución que ordena la reposición de Patricia Benavides.
El proceso continúa en trámite y se desarrollará en el marco de las garantías constitucionales que regulan el acceso a la justicia y la defensa de derechos fundamentales.