PJ ratifica inhabilitación de Álex Kouri por deuda de reparación civil
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un hábeas corpus interpuesto por la defensa de Kouri, con el que se intentó dejar sin efecto la obligación de pago
El Poder Judicial ratificó este martes la inhabilitación del exgobernador del Callao, Álex Kouri, e indicó que no podrá postular a ningún cargo público en las elecciones generales de 2026 mientras no pague la reparación civil impuesta por su condena penal.
La decisión se dio tras declarar improcedente una acción de amparo presentada por su defensa, la cual buscaba anular los efectos de la sentencia y solicitar su rehabilitación automática. El fallo judicial recuerda que Kouri mantiene una deuda pendiente de S/ 26 millones con el Estado.
Álex Kouri fue sentenciado en junio de 2016 a cinco años de prisión efectiva por el delito de colusión desleal. El caso se relaciona con la concesión irregular del proyecto vial "Vía Expresa del Callao" a la empresa Convial Callao en 1999, cuando se desempeñaba como alcalde provincial.
Cumplió su condena en el penal de Ancón II, pero quedó registrado en el padrón de personas con reparaciones civiles impagas, lo que limita sus derechos políticos conforme a la ley vigente.
Tribunal Constitucional también rechazó hábeas corpus
En marzo de este año, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un hábeas corpus interpuesto por la defensa de Kouri, con el que se intentó dejar sin efecto la obligación de pago. Con esta nueva resolución del Poder Judicial, se refuerza la restricción electoral por deuda pendiente.
El fallo señala que no corresponde conceder la rehabilitación política automática mientras subsista la reparación impaga, y que no hay vulneración de derechos fundamentales en aplicar esta limitación.
Sin pago, Kouri sigue excluido del proceso electoral 2026
Con esta decisión, el exgobernador del Callao queda formalmente inhabilitado para postular a las elecciones de 2026. La legislación peruana establece que los ciudadanos condenados por delitos dolosos que no hayan cumplido con la reparación civil están impedidos de ejercer cargos públicos.