PJ ratifica prisión preventiva contra exministro Juan Silva
La Corte Suprema desestimó la apelación de Juan Silva Villegas y mantiene vigente su prisión preventiva por 36 meses.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso de apelación presentado por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y ratificó la resolución que declaró improcedente su pedido de cese de prisión preventiva. Esta decisión mantiene firme el mandato de 36 meses de prisión dictado en su contra en el marco del proceso por el caso conocido como “Puente Tarata”.
Juan Silva permanece en calidad de prófugo desde 2022, y a través de sus abogados ha intentado sin éxito anular la orden de captura en su contra. El exministro es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en agravio del Estado, dentro de una red que habría operado desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Corte Suprema confirma criterio de primera instancia
La resolución de la Corte Suprema respalda la decisión tomada en primera instancia, que también rechazó el pedido de Silva. Según el fallo, no existen elementos nuevos que justifiquen levantar la medida restrictiva, dada la gravedad de los cargos y la condición actual del investigado como no habido.
El exministro, vinculado al entorno más cercano del expresidente Pedro Castillo, ha sido señalado como una pieza clave en el esquema de presunta corrupción que involucra la adjudicación irregular de obras públicas, como el puente Tarata III, en la región San Martín.
Pedido de enfrentar el proceso en libertad fue rechazado
Silva había argumentado que deseaba enfrentar el proceso judicial en libertad, pero el Poder Judicial concluyó que su prolongada incomparecencia refuerza los indicios de riesgo procesal. Hasta la fecha, no se ha producido su captura, y sobre él pesa una orden internacional de búsqueda.
Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma su postura frente a casos de corrupción de alta relevancia, manteniendo firme la prisión preventiva como medida necesaria para asegurar el desarrollo del proceso penal.