PJ: Rechazan prescripción y amnistía en casos Cayara y Ccechua
La Corte Suprema de Justicia rechaza los recursos de nulidad en los casos de crímenes de Cayara y Ccechua
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia resolvió el Recurso de Nulidad N.° 1809-2023 recaído en el proceso penal relativo a la Masacre de Cayara, sucedida en mayo de 1988. En la resolución dictada el 3 de junio de 2026, el tribunal dispuso la inaplicación, mediante el ejercicio del control de convencionalidad, de la Ley 32107 y la Ley 32419. Estas leyes establecen regulaciones relativas a la prescripción de acciones penales y la amnistía dentro del ordenamiento jurídico nacional. La máxima instancia judicial precisó que los actos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, los cuales son considerados imprescriptibles e inamnistiables de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario (ius cogens) y los tratados ratificados por el Estado peruano.
En el análisis formal del marco normativo, la Corte Suprema detalló que la Sentencia 190/2025 emitida por el Tribunal Constitucional, referida al alcance de la Ley 32107, obtuvo únicamente 4 votos conformes. El fallo señala que al no haber alcanzado la mayoría calificada de 5 votos exigida por el Código Procesal Constitucional, dicha decisión no ostenta calidad de interpretación vinculante ni constituye un impedimento para que la magistratura ordinaria ejerza la inaplicación por el mecanismo de control difuso de convencionalidad.
Confirmación de penas y responsabilidad penal
El fallo ratificó la sentencia que condena a 15 años de pena privativa de la libertad al teniente coronel Marco Antonio Llontop Jesús y al capitán Luis Alberto Castañeda Marín en calidad de autores del delito de homicidio calificado. Ambos oficiales se desempeñaron como jefes al mando de las unidades militares operativas desplegadas durante las incursiones armadas de 1988.
De forma paralela, la Sala Penal Transitoria confirmó la imposición de 8 años de prisión contra 16 efectivos militares pertenecientes a las patrullas Grass y Huayacán. Las evidencias recogidas en el proceso judicial determinaron la responsabilidad penal de los integrantes de la tropa por su intervención directa en la ejecución de comuneros en el poblado de Cayara, así como en las intervenciones desplegadas en los sectores rurales de Erusco y la choza de Ccheua.
Nulidad de absoluciones y nuevo juicio oral
Respecto a la cúpula de mando, la Corte Suprema declaró la nulidad de la resolución que absolvió de la acusación fiscal al ex general José Rolando Valdivia Dueñas, ex jefe de la Subzona de Seguridad N.° 5 y comando político-militar de la región. La misma disposición de nulidad recayó sobre la absolución de Enrique Majluf Vivanco, quien ejercía funciones en la división de Inteligencia G-2.
El supremo tribunal fundamentó la nulidad señalando la existencia de vicios de motivación probatoria en la sentencia recurrida, así como una evaluación incompleta y fragmentaria del material testifical y documental de la causa. Por consiguiente, la Corte Suprema dispuso la remisión del expediente a la Corte Superior correspondiente para que otro colegiado judicial realice un nuevo juicio oral a fin de esclarecer la responsabilidad de los altos mandos imputados.