Plantean que extranjeros no ocupen cargos en materia de seguridad
Iniciativa busca fortalecer la seguridad nacional y proteger información clasificada del Estado peruano
El congresista Wilson Soto presentó el proyecto de ley 14645/2025-CR, iniciativa que propone restringir el ingreso de ciudadanos extranjeros al servicio público en cargos que impliquen el manejo de información clasificada, datos sensibles o funciones vinculadas directamente a la seguridad nacional. La propuesta busca establecer mayores controles y restricciones en el acceso a puestos estratégicos dentro de las diversas instituciones del Estado peruano.
De acuerdo con el texto, la norma plantea impedir que personal extranjero pueda desempeñarse en áreas consideradas críticas para la soberanía y estabilidad del país, tales como inteligencia, defensa nacional, seguridad interna, control migratorio y el sistema electoral. Asimismo, contempla la aplicación obligatoria de evaluaciones de seguridad y controles de confianza para todo el personal que acceda a funciones vinculadas al manejo de documentación sensible.
Cargos comprendidos y lista anual de puestos críticos
Las restricciones absolutas de la iniciativa alcanzan a los puestos del Sistema de Defensa Nacional, el Sistema de Inteligencia Nacional, mandos operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, servidores del sistema electoral y funcionarios con acceso a instalaciones críticas. Adicionalmente, se propone que el Poder Ejecutivo apruebe y actualice anualmente, mediante decreto supremo, una lista de puestos específicos prohibidos para extranjeros en entidades como Migraciones, la ONPE, el JNE, el Reniec, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior.
La exposición de motivos de la propuesta señala que la medida no busca una prohibición general para el acceso de extranjeros al aparato estatal, sino fijar límites específicos y debidamente justificados basados en el deber constitucional de proteger la seguridad nacional. El documento argumenta que el proyecto respeta los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional y los estándares internacionales sobre el acceso a la función pública.
Sanciones administrativas y eventuales denuncias penales
Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto contempla un régimen de sanciones administrativas y legales destinadas a penalizar a los funcionarios públicos que autoricen contrataciones indebidas. Las penalidades van desde la destitución inmediata del cargo de confianza responsable hasta la cancelación de los vínculos laborales establecidos al margen de la ley.
Finalmente, el texto legal determina que, en caso de detectarse un acceso indebido o filtración de información calificada como secreta o confidencial por parte de personal no autorizado, se procederá con la formulación de las denuncias penales correspondientes ante el Ministerio Público para determinar las responsabilidades por delitos contra la seguridad del Estado.