Plazo para resolver informes sobre 5 denuncias constitucionales
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió un plazo de 15 días para resolver cinco denuncias constitucionales. Dos ellas involucran a la presidenta Dina Boluarte
La Comisión Permanente del Congreso decidió dar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente informes finales sobre cinco denuncias constitucionales declaradas procedentes.
Dos de ellas están relacionadas a la presidenta Dina Boluarte, la cuales fueron presentadas por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. La primera es por el caso Rolex, en los que se le acusa a la mandataria del presunto delito cohecho pasivo.
Mientras que la otra es por las muertes en las protestas ocurridas durante el inicio de su gobierno entre 2022 y 2023, en las que habría cometido los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
¿CUÁLES SON LAS OTRAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES?
La tercera denuncia constitucional es contra el exministro de Salud, Jorge Antonio López Peña como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, esto luego que una investigación periodística reveló que seis trabajadores del sector habrían depositado en conjunto S/ 98 400 a la cuenta bancarias de la exconviviente del ministro y que un empresario también efectuó un depósito por US$ 70 mil.
También figura la denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Carlos Morán, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo referido a supuestas irregularidades cometidas en el proceso de ascenso de oficiales de la Policía en el año 2019.
Finalmente, se dio igual plazo para que se investigue y se presente el informe final de la denuncia constitucional contra Betssy Chávez por los presuntos delitos que cometió en su condición de congresista y ministra respecto a un supuesto delito contra la administración pública – enriquecimiento ilícito agravado.
En el mencionado caso se acusa a la exjefa del gabinete del Gobierno de Pedro Castillo de haber adquirido un inmueble en la ciudad de Tacna por S/136,500, pagado al contado con un dinero, si bien bancarizado, de origen desconocido.