Podemos Perú y sus candidatos con sentencia
El partido político Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, presenta una nómina de 179 candidatos sentenciados para las elecciones regionales y municipales. De acuerdo con una investigación periodística transmitida por Cuarto Poder, la agrupación incluyó en sus listas oficiales a postulantes con condenas penales por delitos graves como violación sexual a menores de edad, secuestro, tortura, apropiación ilícita, violencia familiar y atentados contra el derecho al sufragio, a pesar de que la dirigencia anunció una reestructuración interna para depurar sus filas.
El reporte judicial detalla que la cifra total de postulantes con fallos en contra abarca distintos niveles de representación subnacional a escala nacional. En total, la organización política registra 13 candidatos a gobiernos regionales, 23 a alcaldías provinciales y 143 a municipalidades distritales que registran antecedentes en el Poder Judicial, abarcando expedientes por estafa agravada, tráfico ilícito de drogas, robo agravado, genocidio y violencia familiar.
Postulantes a regiones y municipios registran condenas por delitos contra la libertad sexual
La oferta electoral de Podemos Perú para las elecciones subnacionales incluye a candidatos con sentencias condenatorias por el delito de violación sexual de menores de edad. Entre los casos consignados figura Rildo Loyola Minaya, postulante a consejero regional de Áncash, quien fue condenado en 2003 por la Sala Penal de Chimbote por agredir sexualmente a una menor de 14 años, figurando su rehabilitación judicial en 2007. Loyola declaró en entrevista telefónica que mantuvo una relación con la víctima alegando desconocer su edad exacta al momento de los hechos.
En el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba en Piura, el candidato a la alcaldía distrital Aníbal Santos Velásquez registra una condena emitida en 2003 por la Corte Superior de Piura por el delito de violación sexual en agravio de una niña de 10 años. Adicionalmente, el postulante suma dos sentencias previas por omisión a la asistencia familiar. Los archivos judiciales del caso indican que en octubre de 2024 el Poder Judicial dispuso la anulación de sus antecedentes policiales correspondientes a dicha condena tras haber solicitado su rehabilitación.
La presencia de estas postulaciones se mantiene dentro de la lista oficial del partido a nivel nacional a pesar de los antecedentes penales reportados en las hojas de vida. La organización política justificó la permanencia de sus listas mediante un comunicado institucional donde precisó que la estructura partidaria se encuentra atravesando un proceso de reorganización interna.
Candidatos a alcaldías provinciales y distritales afrontan sentencias por secuestro, tortura y violencia familiar
El candidato de Podemos Perú a la alcaldía provincial de Huaraz, Jabico Robles Blacido, registra una condena a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por los delitos de secuestro y tortura. La sentencia judicial responde a hechos ocurridos durante su gestión como alcalde del distrito de Olleros, donde participó en la retención y agresión física de cuatro personas acusadas de abigeato. Asimismo, en 2014, el Ministerio Público procesó a Robles Blacido por violencia familiar tras agredir físicamente a su esposa, ordenándose medidas de protección y el pago de 300 soles de reparación civil.
En el distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, el postulante a la alcaldía distrital Alberth Castro Cruz registra una condena por el delito de apropiación ilícita tras sustraer maquinaria a un vecino, hecho por el cual fue declarado reo contumaz en julio de 2001. Posterior a dicha orden de captura, el Poder Judicial dispuso la reserva del fallo condenatorio por un año y fijó el pago de 500 soles de reparación civil. Castro Cruz suma además una sentencia de 2017 a dos años de pena suspendida por agresión psicológica en contra de su hija menor de edad.
Por su parte, en el distrito ayacuchano de Chipao, Hermógenes Flores Salazar postula a la alcaldía distrital registrando una condena dictada en enero de 2026 a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por dos años. El Poder Judicial lo halló culpable como instigador y coautor del delito de atentado contra el derecho al sufragio, tras dirigir a una turba que ingresó violentamente a un local de votación para sustraer y quemar ánforas electorales en los comicios de 2018.
Expedientes por delitos contra el Estado y la tranquilidad pública figuran en las listas oficializadas
La nómina del partido en el distrito de Colca, provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho, lleva como candidato a la alcaldía a Vladimir Muñoz Abel Alca, quien fue condendo en 2007 por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga. La resolución judicial le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de agrupación ilícita destinada a cometer delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad pública, y contra el Estado. El expediente documentó su participación en la toma violenta con disparos de fuego de la Municipalidad Provincial de Cangallo, obteniendo su rehabilitación en 2014.
En la región Junín, la representación del partido incluye a Fernando Orihuela Rojas, exmilitante de Perú Libre y hombre de confianza de Vladimir Cerrón, quien postula a un cargo regional registrando investigaciones fiscales por lavado de activos. Según la tesis del Ministerio Público, Orihuela estaría vinculado a la organización 'Los Dinámicos del Centro' por la presunta constitución de empresas familiares que obtuvieron licitaciones públicas por más de cinco millones de soles en un periodo de 17 meses. Orihuela afronta también una denuncia de febrero de 2023 por violencia física contra su expareja en los exteriores de una discoteca.
A pesar de las exclusiones de candidatos aplicadas por los jurados electorales especiales por omisión de información o tenencia ilegal de drogas, la cifra de postulantes con condenas se mantiene en 179 representantes. La dirigencia del partido Podemos Perú no retiró estas candidaturas de las cédulas de votación regional y municipal, remitiendo únicamente un documento informativo que ratifica la reestructuración de la agrupación.