Poder Judicial aprueba colaboración eficaz de Obrainsa
La Procuraduría General del Estado informó que el Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Obrainsa en el denominado caso Lava Jato y que pagará S/ 82 millones de reparación civil al Estado peruano.
Según se detalló, el pasado 15 de noviembre, el juez Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se encargó de la homologación del convenio en el que la constructora y dos de sus ejecutivos reconocen culpabilidad por delitos de corrupción en 11 proyectos de infraestructura.
Además de ello, se indicó que los involucrados en la colaboración eficaz brindarán información para los procesos penales en curso.
"Por todo ello, la sentencia ordena que OBRAINSA deberá pagar al Estado peruano una reparación civil de más de S/ 81.8 millones en un plazo de 12 años. A ello se sumarán los intereses legales que se pagarán en una cuota adicional", indicó la Procuraduría.
El acuerdo de colaboración eficaz fue suscrito entre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el mismo megacaso de corrupción y la empresa peruana Obrainsa.
Es preciso indicar que la constructora también ha reconocido que, como integrante del denominado “Club de la Construcción”, participó en varios concursos y licitaciones públicas con el fin de dar la apariencia de competencia.
“Este es el cuarto acuerdo con una empresa que ha sido aprobado por la justicia peruana, en el marco del mega proceso ‘Lava Jato’. Con ello, el Estado empezará a cobrar la reparación civil de manera adelantada por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Club de la Construcción’, que involucran a los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, al mismo tiempo que los procesos se fortalecen”, señaló Silvana Carrión Ordinola, procuradora ad hoc para el caso Lava Jato.
El convenio también establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las cuotas de reparación civil, el cual será administrado por Cofide o el Banco de la Nación.
El acuerdo incluye además una cláusula que le prohíbe a Obrainsa iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado peruano, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.