Poder Judicial confirma detención preliminar contra Ciro Castillo
El Poder Judicial confirmó la detención preliminar por quince días contra Ciro Castillo Rojo, gobernador regional, y otros cuatro investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en perjuicio del Estado. La decisión fue adoptada por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró infundados los recursos presentados por las defensas.
La resolución judicial corresponde a la Resolución N.° 09 del 23 de diciembre de 2025, que revisó las apelaciones contra la medida dictada el 5 de diciembre del mismo año. El tribunal concluyó que existen elementos suficientes para mantener la detención preliminar durante la etapa inicial de la investigación fiscal.
Confirmación judicial de la detención preliminar
La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao resolvió confirmar la detención preliminar judicial por quince días para todos los investigados. La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados René Martínez Castro, Walter Coello Huamán y Ricardo Pastor Arce.
El colegiado evaluó los recursos interpuestos contra la resolución inicial y determinó que la medida cumple con los estándares exigidos para esta etapa procesal. Según la Sala, la detención preliminar se sustenta en una sospecha medianamente reveladora, conforme a la doctrina jurisprudencial vigente.
El tribunal consideró que los elementos de convicción presentados por la Fiscalía permiten mantener la medida restrictiva de libertad mientras se desarrollan las diligencias iniciales del proceso penal.
Delitos imputados y personas investigadas
Los investigados en el proceso son Ciro Castillo Rojo, Jimmy Whu Cardenas, Hiromi Zuñiga Jauregui, Rafael Moscaisa Gutierrez y Wilmer Meza Natividad. A todos se les atribuyen los delitos de organización criminal y colusión agravada, con el Estado como parte agraviada.
De acuerdo con la imputación fiscal, los hechos se habrían producido durante el año 2023 en el Gobierno Regional del Callao y en el CAFED Callao. La investigación sostiene que se direccionaron contrataciones públicas de bienes y servicios.
La Sala señaló que la calificación jurídica de los hechos puede ser ajustada conforme avance la investigación, en aplicación del principio de progresividad de la imputación.
Presunto direccionamiento de contrataciones públicas
Según la Fiscalía Superior, la presunta organización criminal habría operado mediante el fraccionamiento de adquisiciones por montos menores a ocho unidades impositivas tributarias. Esta modalidad habría permitido evitar procesos de selección más exigentes.
La acusación indica que las contrataciones beneficiaron a proveedores específicos vinculados al entorno de Jimmy Whu Cardenas, señalado como operador principal. La Sala recogió que se habría simulado competencia mediante cotizaciones de personas allegadas.
Asimismo, se expuso que algunos proveedores modificaban su actividad económica registrada ante la SUNAT para adecuarse a los requerimientos de cada contratación.
Evaluación del peligro de fuga
La Sala Penal de Apelaciones concluyó que existe peligro de fuga, factor determinante para mantener la detención preliminar. El tribunal valoró la gravedad de la pena esperable, que podría alcanzar hasta quince años de prisión.
También se consideró la magnitud del presunto perjuicio económico, estimado en aproximadamente 1.5 millones de soles, así como la imputación por pertenencia a una organización criminal.
El colegiado indicó que estos elementos tienen mayor peso en esta etapa que los argumentos de arraigo familiar o laboral expuestos por las defensas.
Legalidad de diligencias y allanamientos
La resolución judicial ratificó la legalidad de los allanamientos e incautaciones realizados durante la investigación. La Sala sostuvo que estas medidas fueron ejecutadas conforme a ley para asegurar elementos probatorios.
Respecto a los cuestionamientos por supuestos vicios procesales, el tribunal concluyó que las defensas no precisaron de qué manera se habría vulnerado el derecho de defensa o el debido proceso.
La Corte ordenó la notificación de la resolución a las partes y la devolución del expediente al juzgado de origen para la continuación de las diligencias correspondientes.
El Poder Judicial confirmó la detención preliminar por quince días contra Ciro Castillo Rojo y otros cuatro investigados por organización criminal y colusión agravada. La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao declaró infundadas las apelaciones y ratificó la medida dictada el 5 de diciembre de 2025. El tribunal sostuvo que existen elementos de convicción suficientes, riesgo de fuga y una pena esperable elevada. La investigación fiscal señala presunto direccionamiento de contrataciones públicas durante 2023. La resolución también validó los allanamientos e incautaciones realizados en esta etapa inicial del proceso.