Poder Judicial rechaza en segunda instancia amparo de Boluarte para anular denuncia por muertes en protestas
En noviembre del 2023 se presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en las protestas tras el golpe y la vacancia de Estado de Pedro Castillo
El Poder Judicial (PJ) ha rechazado en segunda instancia la demanda de amparo presentada por la presidenta Dina Boluarte Zegarra, que buscaba anular la denuncia constitucional en su contra enviada al Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el intento de golpe de Estado y la vacancia de Pedro Castillo.
La Fiscalía interrogó a Boluarte para determinar si había ordenado el ataque con armas contra los manifestantes, que resultó en decenas de fallecidos. La presidenta negó tales acusaciones y afirmó que el Consejo de Ministros fue la instancia que aprobó los planes operativos empleados por las fuerzas del orden para repeler a los manifestantes y pacificar el país.
Durante su declaración, la presidenta se desmarcó de cualquier responsabilidad por las más de 60 muertes provocadas durante las manifestaciones que siguieron al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Las mismas fuentes indican que tras la intervención de la fiscal Patricia Benavides, el representante de la Procuraduría General del Estado (PGE), Omar Rojas, esperaba formular sus interrogantes, pero la defensa de Boluarte se opuso.
Cinco meses después de su declaración en el Ministerio Público, el 27 de noviembre de 2023, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió al Congreso la denuncia constitucional contra la jefa de Estado.
OTRA DERROTA JUDICIAL
Esta decisión del PJ representa una nueva derrota judicial para la presidenta, que se produce casi dos meses después de otro fallo en su contra en el caso Rolex. El 26 de mayo pasado, el juez Juan Carlos Checkley determinó la falta de sustento fáctico y jurídico en los argumentos presentados por la defensa de Boluarte, concluyendo que no hubo vulneración de derechos durante la investigación preliminar.
La situación judicial de la presidenta Boluarte se complica, y la denuncia constitucional por las muertes durante las protestas sigue adelante en el Congreso. Mientras tanto, la mandataria continúa enfrentando múltiples desafíos legales que podrían afectar su permanencia en el cargo y su capacidad para gobernar.