Presentan denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por presunto nombramiento ilegal de una funcionaria sin cumplir requisitos
La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
La acusación señala que habría incurrido en el delito de nombramiento ilegal en agravio del Estado, al designar a una funcionaria sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa interna.
Según el comunicado del Ministerio Público, Gutiérrez propuso y nombró a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, pese a que esta no cumplía con los requisitos exigidos en el Manual de Clasificación de Cargos de la entidad.
Cabe resaltar que la acción habría contado con el respaldo de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo.
Perfil cuestionado y vínculo político
La funcionaria designada es psicóloga de profesión y se encontraba afiliada al partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña.
Esta afiliación política y la falta de experiencia en derechos constitucionales fueron elementos clave en la denuncia ciudadana presentada en diciembre de 2023.
El documento original fue remitido a la Fiscalía por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú.
En él, se argumentaba que la designación vulneraba la neutralidad institucional de la Defensoría y no garantizaba la idoneidad para un cargo de confianza.
Investigación también involucra a áreas administrativas
La Fiscalía no solo ha iniciado acción contra el defensor del Pueblo, sino que ha solicitado el envío de copias certificadas de la investigación fiscal contra María del Carmen Olórtegui por el presunto delito de aceptación ilegal del cargo.
Asimismo, se investiga la participación del personal administrativo que habría colaborado con la contratación.
La denuncia se encuentra ahora en el Congreso de la República, que deberá evaluar su admisión a trámite y eventualmente remitirla a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para su análisis.