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Presidente de ASPEC sobre cobro del IGV a plataformas digitales: Muchos clientes van a dejar ser formales

En la práctica, los usuarios verán incrementada su tarifa mensual en aproximadamente un 18%, que corresponde al Impuesto General a las Ventas (IGV)

Este decreto legislativo ha sido comparado con medidas similares en otros países. / Video: Canal N

El Gobierno ha anunciado la implementación de un nuevo impuesto que afectará a las plataformas digitales no domiciliadas en el país, como Netflix, Amazon y Spotify, entre otras.  

En diálogo con Canal N, Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), dijo que este impuesto será trasladado a los consumidores debido a la falta de un sistema de cobranza adecuado para estas empresas extranjeras.  

En la práctica, los usuarios verán incrementada su tarifa mensual en aproximadamente un 18%, que corresponde al Impuesto General a las Ventas (IGV). 

Además, los bancos actuarán como entidades retenedoras del impuesto, lo que también incluirá una comisión adicional por el servicio, aumentando el costo total que los consumidores deberán pagar.

Esta medida ha sido criticada por su potencial impacto negativo en la economía de los hogares peruanos, especialmente aquellos de menores recursos. 

Este cambio ha generado preocupación por su efecto en la formalidad del consumo digital, ya que muchos usuarios podrían optar por servicios informales o piratas para evitar estos costos adicionales.  

Se ha señalado que la tecnología, que facilitó el acceso y redujo el costo de los servicios digitales, podría verse afectada, llevando a un retroceso en el uso de plataformas legales.

Comparación con otros países

Este decreto legislativo ha sido comparado con medidas similares en otros países, como Argentina y Uruguay, donde también se observó un incremento en las tarifas.

Sin embargo, la norma ha sido criticada por su arbitrariedad y falta de consulta con especialistas tributarios, lo que podría haber permitido un diseño más adecuado y menos gravoso para los consumidores.

Cáceres y otros defensores de los consumidores han exhortado al gobierno a reconsiderar y ajustar esta normativa antes de su implementación el 1 de octubre.

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