Procuraduría no se unirá a demanda contra Brookfield
La Procuraduría Ad Hoc Lava Jato informó que no tiene legitimidad procesal para intervenir en la solicitud presentada por la Municipalidad de Lima contra Brookfield en EE.UU.
La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato anunció que no se sumará como parte peticionante en el proceso de solicitud de Discovery iniciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra la empresa Brookfield en Estados Unidos. La decisión fue informada este viernes y se basa en una evaluación jurídica respaldada por especialistas internacionales y por la normativa peruana vigente.
El análisis se realizó tras conocer los términos de la resolución emitida por el juez Lewis Liman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció los requisitos para que una entidad pueda solicitar la producción de pruebas en ese país. Entre estos, se requiere que el solicitante tenga legitimidad procesal y que el caso se relacione con empresas domiciliadas dentro del ámbito jurisdiccional de la corte.
Procuraduría no tiene facultad para persecución penal en EE.UU.
De acuerdo con el marco legal peruano, la Procuraduría no posee la titularidad de la acción penal, por lo que no puede iniciar o perseguir delitos por cuenta propia. Esta limitación impide que se le reconozca como una parte con legitimidad procesal en el sistema judicial estadounidense, según lo interpretado por el juez Liman.
Asimismo, el magistrado determinó que la MML no ha justificado de manera suficiente por qué la Corte de Nueva York debería tener competencia respecto a Brookfield y su subsidiaria BIF, en relación con la compra de acciones en la concesionaria Rutas de Lima.
La Procuraduría mantiene procesos en Perú y colabora internacionalmente
Pese a esta limitación procesal en EE.UU., la Procuraduría Ad Hoc informó que continúa colaborando con el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato en diversas solicitudes de asistencia judicial internacional. Estas involucran información clave relacionada con las empresas Odebrecht, Brookfield y Rutas de Lima.
Además, la institución litiga activamente en cuatro procesos penales en el Perú contra Rutas de Lima, en los que ha solicitado una reparación civil superior a los S/ 2,200 millones. Entre ellos se incluye el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, donde ya se logró que Odebrecht y Rutas de Lima sean reconocidas como terceros civilmente responsables por posibles daños económicos al Estado.