Prohíben postulación de acusados contra la administración pública
El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, dijo que se busca evitar que quienes han intentado socavar o destruir el sistema democrático puedan usar ese mismo sistema para sus intereses personales o para continuar debilitando las instituciones
La Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley que establece una inhabilitación de 10 años para postular a cargos públicos a quienes hayan cometido delitos contra la democracia, como sedición, rebelión, terrorismo o narcotráfico.
En declaraciones a la prensa, el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, dijo que se busca evitar que quienes han intentado socavar o destruir el sistema democrático puedan usar ese mismo sistema para sus intereses personales o para continuar debilitando las instituciones.
“No se debe permitir que gente que quiere destruir la democracia utilice la democracia para sus protervos fines”, expresó el parlamentario fujimorista.
El legislador indicó que este dictamen limita las restricciones a un conjunto acotado de delitos, a diferencia de propuestas previas que incluían una lista extensa de 58 delitos.
Esta simplificación busca mantener un enfoque en los crímenes que más afectan la estabilidad democrática y el estado de derecho, así lo manifestó el congresista.
Rospigliosi se sumó a lo mencionado por varios juristas quienes señalan que la norma no sería retroactiva, lo que significa que no afectaría a quienes hayan sido sentenciados por estos delitos antes de la promulgación de la ley.
Esto se alinea con el principio de irretroactividad de las leyes penales y constitucionales, salvo que beneficien al acusado.
El congresista fujimorista precisó que este dictamen requeriría ser aprobado en dos legislaturas consecutivas, lo que podría extender el debate y la entrada en vigor de la norma hasta bien avanzado el próximo año, dependiendo del consenso en el pleno del Congreso.
Busca proteger el sistema democrático
Posteriormente, el parlamentario remarcó que este proyecto impide que personas que han cometido actos graves contra la democracia utilicen el aparato estatal para fines personales o para repetir conductas ilícitas.
"Al excluir a individuos con antecedentes de narcotráfico o terrorismo, refuerza la confianza en las instituciones públicas y en los procesos electorales", agregó.
El debate ahora pasa a cómo esta norma será aplicada y si se ampliará a otros delitos en el futuro, lo que podría requerir mayor consenso y discusión en el pleno del Congreso.