Prohiben venta de chips en calles por estado de emergencia
Desde el pasado viernes 7 de noviembre, se encuentra vigente la prohibición de la venta de chips en la vía pública en todo el territorio nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 128-2025-PCM como parte de las acciones del estado de emergencia. El objetivo principal es restringir la comercialización irregular de líneas móviles, que ha sido vinculada con el incremento de delitos como la extorsión y el sicariato.
Esta disposición se enmarca en la aplicación de la Ley 32451, que modificó el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos. El decreto establece acciones coordinadas entre el Ejecutivo, los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Osiptel y las empresas operadoras, con el fin de frenar la venta de chips activados sin control ni trazabilidad.
Prohibición de venta ambulatoria de chips
El Decreto Supremo 128-2025-PCM prohíbe expresamente la venta de chips en la vía pública y atribuye a las municipalidades distritales la función de reportar los puntos de comercio ambulatorio que ofrezcan servicios móviles. Estos reportes deben incluir evidencia fotográfica, ubicación exacta, datos de las empresas operadoras y la identificación de las personas involucradas.
La medida se sustenta en la facultad de las municipalidades de controlar el comercio ambulatorio, en coordinación con otras entidades. El objetivo es cortar el acceso informal a líneas móviles, muchas veces utilizadas en esquemas delictivos por su anonimato.
Acciones operativas de la Policía y Osiptel
La Policía Nacional está obligada a informar a Osiptel sobre los chips y equipos móviles incautados durante operativos. También debe reportar cualquier denuncia relacionada con delitos de extorsión o sicariato vinculada a líneas móviles. Esta información permitirá a Osiptel tomar acciones conforme a ley y generar un control más riguroso del mercado.
Asimismo, el decreto establece que Osiptel debe brindar acceso en línea a los procesos de comercialización, contratación y activación de servicios móviles a la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, permitiendo rastrear la ruta completa de cada SIM Card.
Críticas a la comercialización informal
Especialistas como Miguel Guerra León, experto en ciberseguridad, han advertido sobre la vulnerabilidad del sistema de comercialización. Indicó que algunas empresas contratan promotores con bajos sueldos, quienes pueden ser persuadidos por terceros para activar chips sin verificar correctamente la identidad del comprador.
Esta práctica facilita el uso de líneas móviles en actividades delictivas.
Según Guerra, el nuevo marco legal podría ser efectivo si se acompaña de operativos adecuados y seguimiento de inteligencia que identifique a quienes venden chips de forma ilegal en las calles.
Relatos ciudadanos sobre extorsión
Ciudadanos entrevistados por Canal N han señalado que reciben llamadas de números desconocidos, mensajes sobre supuestos bonos o créditos, y en algunos casos, intentos directos de extorsión. En zonas como La Cachina, denuncian que es común encontrar venta de chips sin ningún control ni verificación de identidad.
Vecinos también han expresado que esta problemática ha sido conocida por las autoridades desde hace tiempo, pero que no se habían tomado medidas efectivas hasta ahora.
Acciones de verificación ciudadana
En paralelo, Osiptel impulsa la campaña "Checa tu línea", que permite a los usuarios verificar cuántas líneas telefónicas están registradas a su nombre. Si encuentran líneas que no reconocen, pueden denunciarlas o pedir su anulación.
Esta herramienta busca frenar el uso no autorizado de identidades para contratar servicios móviles y es parte del esfuerzo general para combatir el uso de chips ilegales.
Requisitos de compra reforzados
La normativa vigente exige que, al momento de adquirir un chip, la empresa operadora solicite el DNI del usuario y valide su identidad mediante huella digital. Este procedimiento busca prevenir la suplantación de identidad y garantizar que cada línea móvil esté correctamente asociada a su titular.
Además, el decreto reafirma que las empresas son responsables del proceso completo de comercialización y activación del servicio, incluyendo la identificación del personal que participa en cada etapa.
Articulación entre entidades
El decreto establece un esquema de colaboración entre el gobierno central, gobiernos locales y entidades del sistema judicial. Cada actor tiene funciones específicas para fiscalizar y frenar la venta de chips sin autorización, desde la detección en vía pública hasta la trazabilidad en sistemas digitales.
Estas acciones buscan establecer un control integral y permanente sobre el mercado de líneas móviles, en respuesta al impacto que tiene en la seguridad ciudadana la circulación de líneas anónimas o mal registradas.
El Gobierno prohibió la venta ambulatoria de chips telefónicos como parte del estado de emergencia. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo 128-2025-PCM y busca frenar delitos como la extorsión y el sicariato. El decreto obliga a la Policía Nacional y a las municipalidades a reportar los puntos de venta ilegal, mientras que Osiptel deberá permitir el acceso en línea a la información de comercialización y activación de líneas. Expertos señalan que la activación sin verificación contribuye a la inseguridad. La normativa también refuerza la validación biométrica para comprar chips y promueve herramientas de control ciudadano.