Prorrogan estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días
El gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un periodo de 30 días adicionales, a partir del 21 de noviembre de 2025. Esta medida responde al incremento sostenido de la criminalidad y la violencia en ambas jurisdicciones, según lo estipulado en el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
Durante el nuevo periodo de emergencia, la Policía Nacional del Perú, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, continuará a cargo del control del orden interno. En ese contexto, se mantiene la posibilidad de restringir determinados derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal.
Prórroga del estado de emergencia
La extensión del estado de emergencia se realiza conforme al artículo 137 de la Constitución del Perú, que permite la suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales en situaciones excepcionales. Según el Decreto Supremo, estas restricciones se aplicarán en toda Lima Metropolitana y en el Callao, regiones identificadas como zonas de alto riesgo por el Ejecutivo.
Asimismo, se garantiza que las intervenciones policiales y militares se desarrollen bajo criterios de proporcionalidad en el uso de la fuerza, especialmente en lo referido a la protección de personas en situación de vulnerabilidad. El decreto también invoca el Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, incluyendo el uso de armas letales y no letales en casos de flagrante delito.
Evaluaciones en el impacto de la medida
El Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante este nuevo periodo. Dicho informe será entregado al titular del Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia.
Este informe también deberá ser elevado a la Presidencia de la República y al Poder Judicial, junto con las recomendaciones pertinentes. La medida será financiada con recursos del Estado y deberá ser evaluada al concluir el plazo establecido, con el objetivo de determinar la eficacia de las acciones adoptadas.
Los que lideran la intervención y el marco legal
La intervención directa estará a cargo de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas Armadas. El marco de actuación será el Decreto Legislativo 1186, que establece los principios para el uso de la fuerza, destacando la necesidad de respetar los derechos humanos en todo momento. El gobierno ha enfatizado que toda intervención deberá observar el principio de legalidad y proporcionalidad.