Proyecto busca cambiar causales de cese del comandante de la PNP
Diputada de Juntos por el Perú propone causales para cesar al comandante general de la PNP por pérdida sobreviniente de idoneidad
La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, presentó una iniciativa legislativa enfocada en modificar el marco normativo sobre las causales de cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú. La norma vigente exime al titular de la institución policial de ser removido de su cargo por un periodo fijado en dos años, salvo situaciones excepcionales.
El proyecto de ley faculta al Presidente de la República a disponer el retiro del alto mando policial en caso de determinarse que este no reúne las condiciones para continuar en la conducción institucional. Asimismo, la propuesta contempla la aplicación de la medida si se comprueba la comisión de una negligencia u omisión grave en el ejercicio del cargo dentro de la institución militarizada.
Marco normativo actual e impedimento señalado por el Mininter
Actualmente, la Ley de la Policía Nacional del Perú restringe las causales de remoción del comandante general a supuestos específicos: fallecimiento, solicitud voluntaria de pase a retiro, incapacidad física permanente, comisión de falta muy grave, sentencia judicial firme o delito flagrante. Este esquema normativo fue promulgado durante la gestión del Parlamento anterior.
Días previos a la presentación de la iniciativa, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló ante la Cámara de Diputados que la permanencia de Óscar Arriola y de los altos mandos no obedece a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. El titular del Mininter argumentó que el gobierno de Fujimori se encuentra impedido legalmente de relevar a las autoridades policiales antes del cumplimiento de su periodo de dos años.
Causales específicas por pérdida sobreviniente de idoneidad
El texto legal de la diputada Catherin Palomino propone incorporar como causal adicional la "pérdida sobreviniente y objetivamente acreditada de la idoneidad". La primera condición abarca la grave afectación de la eficacia operativa, la capacidad de respuesta, la integridad institucional o la conducción estratégica sustentada en información objetiva.
Por otro lado, la iniciativa abarca el incumplimiento grave y reiterado de las políticas nacionales de seguridad ciudadana certificado por informe técnico del Mininter. Finalmente, incluye la negligencia grave que afecte el orden interno, así como actos u omisiones debidamente acreditados que vulneren la disciplina e institucionalidad de la Policía Nacional.