Proyecto para modificar permanencia y cese del jefe de la PNP
La iniciativa de la congresista Susel Paredes plantea evaluaciones semestrales de desempeño obligatorias y elimina la facultad discrecional absoluta del Presidente para remover al alto mando policial.
La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1267 para establecer parámetros objetivos en el nombramiento y cese del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). La propuesta legislativa plantea que el oficial designado permanezca en el cargo por un periodo fijo de dos años, eliminando la rotación arbitraria de mandos que ha afectado la continuidad estratégica de la institución en los últimos años.
El documento señala que la permanencia del comandante general no será automática, ya que estará sujeta a evaluaciones semestrales de desempeño vinculadas estrictamente a metas de seguridad ciudadana. Con esta reforma, se pretende fortalecer la meritocracia y la rendición de cuentas dentro de la fuerza policial, asegurando que la gestión del alto mando responda a métricas técnicas y resultados verificables en la lucha contra la criminalidad.
Reglas para el nombramiento y periodo de funciones
La iniciativa establece que el comandante general será designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro del Interior, eligiendo entre los tres Tenientes Generales de Armas en actividad. Para garantizar la transparencia, el proceso debe respetar el estricto orden de antigüedad y el periodo de funciones se fija en dos años calendarios para permitir una planificación de mediano plazo en el orden interno.
Esta modificación normativa busca terminar con la incertidumbre institucional generada por cambios intempestivos en la dirección policial. Actualmente, el cargo es ocupado por el Teniente General PNP Óscar Arriola. La propuesta de Paredes busca que futuros oficiales en este puesto cuenten con un marco legal que proteja su estabilidad frente a decisiones políticas discrecionales.
Evaluaciones semestrales basadas en resultados técnicos
El proyecto de ley introduce la obligatoriedad de realizar evaluaciones semestrales para medir el impacto real del mando en el orden público y la seguridad ciudadana. Estas mediciones se basarán en los datos oficiales del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), utilizando estadísticas del INEI para verificar el cumplimiento de los objetivos trazados por el comandante de la institución.
Según la exposición de motivos, una evaluación anual resulta insuficiente ante la urgencia de la crisis de inseguridad que atraviesa el país. La periodicidad semestral permitirá corregir desviaciones en metas de patrullaje de forma inmediata y generará una cultura de urgencia en la alta dirección. La meta es vincular la inteligencia operativa con un diseño táctico que reduzca la incidencia delictiva a nivel nacional.
Causales taxativas para el cese del cargo
Para evitar remociones arbitrarias, el oficial que ocupe el cargo de comandante general solo podrá ser cesado antes de los dos años por causales específicas debidamente sustentadas. Entre estas razones se encuentran la muerte, renuncia, incapacidad física permanente declarada por junta médica, o la comisión de una falta muy grave o delito flagrante debidamente comprobado por las autoridades correspondientes.
Asimismo, el incumplimiento de los objetivos y métricas tras la evaluación semestral se considera una causal de gestión para el retiro del oficial. En cualquier escenario de remoción, el Presidente de la República deberá comunicar la decisión personalmente y por escrito, adjuntando un informe técnico que sustente la medida, garantizando así el debido proceso administrativo dentro de la estructura policial.
Impacto en la continuidad estratégica institucional
La reforma destaca que la alta rotación de jefes policiales, con más de diez cambios en los últimos años, ha impedido ejecutar políticas de comando sostenibles. La propuesta adopta una metodología de ciclo completo que incluye planificar, ejecutar, medir y ajustar las acciones tácticas de prevención. Esto permitirá que el comandante general articule esfuerzos de predicción criminal junto con los gobiernos locales y el sistema de justicia.
El fortalecimiento de la institucionalidad busca que la PNP optimice sus recursos humanos y logísticos mediante una gestión por resultados. El enfoque predictivo permitirá que la policía nacional actúe antes de que se produzcan las infracciones legales, mejorando la convivencia pacífica. La continuidad del mando es vista como una pieza fundamental para que el planeamiento integral no se vea interrumpido por intereses ajenos a la seguridad.
Viabilidad presupuestaria y cumplimiento normativo
La implementación de esta ley no generará gastos adicionales al erario nacional, debido a que utiliza las estructuras administrativas y sistemas de monitoreo ya existentes en el Ministerio del Interior. El beneficio principal radica en la mejora de la eficiencia presupuestaria y la reducción de pérdidas generadas por una mala gestión o posibles actos de corrupción en los procesos de compra y asignación de recursos policiales.
El proyecto se alinea con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional referidas a la seguridad ciudadana y la eficiencia operativa. De ser aprobada, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días calendario para adecuar el reglamento correspondiente. Esto permitirá definir la metodología exacta y los indicadores específicos que se aplicarán en las evaluaciones que deba superar el comandante general para mantenerse en sus funciones.
La congresista Susel Paredes presentó un proyecto de ley para reformar el nombramiento y cese del comandante general de la PNP, proponiendo un mandato fijo de dos años. La iniciativa busca eliminar la facultad discrecional absoluta del Ejecutivo para remover al alto mando, estableciendo causales de cese específicas y evaluaciones semestrales de desempeño obligatorias. Estas evaluaciones estarán vinculadas a metas del Plan Estratégico Institucional y resultados en seguridad ciudadana. La reforma pretende garantizar la continuidad estratégica de la Policía Nacional sin generar gastos adicionales, basando la permanencia del mando en la meritocracia y rendición de cuentas técnica.