Rafael Belaúnde plantea clasificar a bandas criminales como grupos hostiles

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, detalló los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, al cumplirse el primer mes de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. En entrevista concedida al programa Al final del día en Canal N, el funcionario informó que su sector busca modificar el Decreto Legislativo 1095, norma que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. La iniciativa contempla otorgar la condición de grupos hostiles a las organizaciones dedicadas al crimen organizado.

Con esta clasificación, las Fuerzas Armadas quedan autorizadas para ejecutar operaciones militares, emplear inteligencia de la institución y aplicar fuerza letal contra los objetivos declarados. Rafael Belaúnde indicó que la medida está dirigida a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos, así como a bandas operativas en zonas de frontera, entre ellas Los Choneros y el Comando Bermejo.

La propuesta no abarca a la delincuencia común ni a la minería informal. No obstante, el ministro precisó que en zonas como Pataz, las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal que empleen fusiles de asalto o material explosivo sí serán catalogadas como grupos hostiles y consideradas objetivos militares. Asimismo, se plantea incluir a estas bandas en el registro de organizaciones terroristas.

Garantías legales para personal militar y medidas de control en penales

El proyecto normativo contempla establecer garantías jurídicas para el personal de las Fuerzas Armadas. El ministro señaló que los efectivos que participen en las intervenciones deben contar con un blindaje jurídico que evite juzgamientos en el fuero civil o denuncias ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el ámbito penitenciario, se descartó el ingreso de tropas al interior de las cárceles. La intervención militar se limitará a la colocación de retenes en los accesos de penales como Ancón 1, donde se instalarán escáneres corporales, detectores de metales y revisión de paquetes. La fiscalización alcanzará al 100% de los ingresantes: visitantes, personal del INPE, efectivos de la PNP y proveedores.

Asimismo, se prevé la ejecución de auditorías técnicas cada 2 a 5 minutos para verificar la operatividad continua de los bloqueadores de señal de telefonía e internet las 24 horas del día.

Intervención en transporte y postura ante interpelación parlamentaria

Respecto al delito de extorsión en el transporte público y de carga, las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a la Policía Nacional del Perú. La labor militar se concentrará en tareas de inteligencia preventiva y resguardo en patios de maniobra y terminales, descartando la presencia de personal armado dentro de las unidades de transporte.

Finalmente, sobre la moción de interpelación presentada en la Cámara de Diputados, Rafael Belaúnde sostuvo que acudirá al pleno parlamentario en caso de ser aprobada la solicitud, a fin de responder el pliego de preguntas sobre las medidas implementadas por su sector.