Reducen número de policías y militares en Pataz pese a asesinatos

La provincia de Pataz, en la región La Libertad, enfrenta una alarmante desprotección estatal tras la drástica reducción del personal de las fuerzas del orden y la ausencia de organismos fiscalizadores. Según se informó, el contingente policial se redujo de 284 a solo 84 efectivos, mientras que el Ejército pasó de 370 a 194 militares en una de las zonas más peligrosas del país.

Esta situación de abandono ocurre tras un violento 2025, año en el que la minería ilegal dejó un saldo de 52 personas asesinadas en la zona. La falta de control ha permitido que las organizaciones criminales operen con mayor libertad, lo que ha generado una profunda preocupación entre la población y las autoridades locales de Pataz.

La ausencia de la autoridad no solo se limita a la seguridad, sino también a la gestión administrativa y técnica. Se constató que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, así como representantes de la Sucamec, Sutran y la Fiscalía, abandonaron sus labores en la provincia el pasado 31 de diciembre.

¿Cuál es el impacto de la minería ilegal en Pataz?

La minería ilegal en Pataz ha alcanzado niveles económicos históricos, logrando recaudar cerca de 12 mil millones de dólares mediante la exportación durante el año pasado. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que este avance responde a una permisividad del Estado que resulta difícil de justificar ante el vencimiento de los decretos de control.

Por su parte, el alcalde de la provincia, Aldo Mariños, sostuvo que la criminalidad se siente empoderada debido a que contaría con el respaldo de sectores influyentes. Según indicó la autoridad local, los grupos delictivos dedicados a la extracción ilícita de oro tendrían "padrinos" tanto en la estructura policial como en el nivel político.

Los informes provenientes de la zona indican que las instituciones encargadas de la fiscalización no han renovado su presencia física en el lugar. Esto ha dejado a los ciudadanos de Pataz a merced de grupos armados que controlan los yacimientos mineros y las rutas de transporte sin que el Gobierno Regional o el Ejecutivo intervengan de manera efectiva.

¿Qué medidas tomará el Gobierno ante la crisis en Pataz?

Ante el panorama desalentador, el ministro de Defensa, César Díaz Peche, anunció que se buscará solucionar la problemática mediante la implementación de una base militar especializada. Según informó el ministro, se requiere una rotación constante del personal para asegurar que los efectivos conozcan las tareas específicas que deben realizarse en una zona de alto conflicto como Pataz.

Sin embargo, para los especialistas, la construcción de infraestructura militar no será suficiente si no se restablece la presencia de los entes fiscalizadores y la fiscalía. Se espera que en el transcurso del mes el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades clave retomen sus funciones para frenar el avance de las mafias que operan en la provincia.

Finalmente, diversos sectores exigen un pronunciamiento urgente del Congreso de la República en su calidad de ente fiscalizador del Estado. La falta de control en Pataz sigue cobrando vidas y permitiendo que la economía ilegal crezca a cifras récord, mientras la vigilancia en las calles y centros mineros continúa disminuyendo de manera progresiva.