Renovación Popular denuncia irregularidades en elecciones de Lima

En una conferencia de prensa, los integrantes del partido Renovación Popular denunciaron formalmente la violación del derecho al voto de un millón y medio de ciudadanos durante los comicios celebrados el pasado 12 de abril. Según los voceros de la organización, se habría orquestado una serie de acciones destinadas a perjudicar directamente la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, enfocándose principalmente en la plaza electoral de Lima Metropolitana. Entre las acusaciones más graves presentadas por la agrupación figura la supuesta creación de "actas fantasmas" bajo la serie 900, las cuales habrían sido utilizadas para alterar el conteo oficial de votos de manera sistemática.

Irregularidades detectadas en la jornada electoral

Los miembros de la agrupación política sostuvieron que, además de la demora sistemática en la instalación de mesas de sufragio, se produjo un cambio injustificado de locales de votación a última hora. Para Renovación Popular, esta maniobra tuvo como finalidad dispersar el voto por cansancio y evitar que los electores ejercieran su derecho constitucional de manera efectiva. En ese sentido, el partido exige de manera inmediata el reconteo de votos en la sede de Lima, el acceso total al sistema de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la realización de un peritaje de parte para verificar la integridad de los datos procesados.

Cuestionamientos a la serie 900 y actas irregulares

Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la existencia de actas con la numeración de la serie 900, la cual, según los denunciantes, es una serie "trucha" o fabricada para favorecer a otros candidatos en el conteo final. Específicamente, señalaron que este conjunto de actas habría otorgado cerca de 270,000 votos adicionales a Roberto Sánchez, a quien ironizaron mencionando que le han aparecido "un millón de amigos" virtuales que no existen en la realidad. La tesis del partido es que estas mesas fueron creadas hace apenas un mes y medio en lugares estratégicos donde no hubo presencia de personeros para fiscalizar el proceso de escrutinio, permitiendo la manipulación de las cifras.

Acciones legales contra el JNE y la ONPE

Ante lo que califican como un "concurso real de delitos", que incluiría abuso de autoridad y concusión, Renovación Popular instó al Ministerio Público a que cumpla con sus obligaciones funcionales. El pedido formal es que se aperture una indagación contra todo el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber convalidado las presuntas ilicitudes cometidas bajo la gestión del jefe de la ONPE. "No pueden negar que no conocían o no sabían", indicaron durante la rueda de prensa, señalando que ambas instituciones tenían la obligación legal de suspender y reprogramar las elecciones en la sede de Lima ante las fallas logísticas evidentes reportadas desde tempranas horas del 12 de abril.

Exigencia de suspensión de plazos electorales

Finalmente, la organización política solicitó formalmente la suspensión de los plazos electorales debido a los vicios detectados en el proceso. Criticaron la postura del nuevo jefe interino de la ONPE de continuar con el cronograma regular pese a los cuestionamientos. Asimismo, cuestionaron la labor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por aceptar la renuncia de Piero Corvetto y colocar a un interino que forma parte del mismo organigrama institucional, lo que consideran una falta de transparencia.