Retiran portones colocados por empresa de Zamir Villaverde en Cerro Azul tras hábeas corpus
El Tribunal Constitucional (TC) dispuso el retiro de tres portones que impedían el acceso hacia la playa Los Lobos, en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete.
Esta medida se dio como resultado de un hábeas corpus interpuesto por dos ciudadanos, quienes denunciaron la vulneración de su derecho al libre tránsito en la zona costera.
Este viernes, personal del Poder Judicial se presentó en el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur, acompañado por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, el alcalde de Cerro Azul y funcionarios municipales, con el fin de ejecutar el fallo emitido por el máximo intérprete de la Constitución.
Empresa vinculada a Zamir Villaverde no habría cumplido fallo
La sentencia del TC fue dirigida contra la empresa Villaverde SAC, vinculada a Zamir Villaverde García, quien fue identificado como responsable de la instalación de los portones que cerraban el paso hacia la playa.
Vecinos de la zona denuncian que, pese al fallo del Tribunal Constitucional, la empresa no solo no retiró los obstáculos, sino que colocó bloques de concreto en los accesos, desobedeciendo la resolución judicial. La defensa legal de la empresa expresó su oposición a la ejecución de la medida.
Participación de autoridades locales y supervisión judicial
Durante la diligencia de ejecución, la jueza actuante verificó la presencia de los portones y las estructuras de concreto instaladas. El alcalde del distrito de Cerro Azul también se hizo presente con su equipo técnico, respaldando la acción judicial y la decisión del TC.
Las autoridades señalaron que el fallo tiene carácter vinculante y debe cumplirse sin condiciones, dado que se trata de una resolución emitida por el máximo órgano constitucional del país, en defensa de derechos fundamentales.
Tribunal Constitucional respaldó derecho al libre tránsito
El hábeas corpus fue presentado por ciudadanos afectados por el cierre de los accesos hacia la playa Los Lobos. El Tribunal Constitucional concluyó que la colocación de portones restringía indebidamente el tránsito público, y dispuso su retiro inmediato.