Roberto Sánchez con acusaciones e investigaciones fiscales
El exministro Roberto Sánchez enfrenta graves acusaciones por el uso irregular de fondos públicos y la gestión de su partido. Según Cuarto Poder, el candidato de Juntos por el Perú registra denuncias por peculado, recortes de sueldos y favorecimiento a la minería ilegal
¿Cuáles son las denuncias por corrupción que pesan sobre Roberto Sánchez?
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, arrastra un historial de cuestionamientos que se intensificaron durante sus 17 meses como titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según reveló Cuarto Poder, Sánchez habría utilizado la caja chica de su despacho para cubrir gastos personales y de alimentación que superan los estándares de la función pública. Las facturas detallan consumos en pollerías, cevicherías y postres finos, cargados íntegramente al presupuesto del Estado bajo el concepto de reuniones de trabajo.
Además de los gastos en alimentación, se detectaron boletas por servicios de lavandería institucional para prendas personales del entonces ministro. Las denuncias también alcanzan la gestión de recursos humanos en el Mincetur, donde Sánchez es acusado de convertir la institución en una agencia de empleos para militantes de su partido. Estos contratos se habrían realizado a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con sueldos que alcanzaban los 15 000 soles mensuales sin mediar concursos públicos ni requisitos técnicos mínimos.
En el ámbito judicial, la Fiscalía mantiene investigaciones abiertas contra el entorno de Sánchez por presuntos recortes de sueldos a trabajadores del ministerio. Los testimonios indican que se habría exigido al menos el 10 % de las remuneraciones de los empleados a cambio de la renovación de sus contratos. Aunque el candidato evita responder a estos cuestionamientos durante sus actividades de campaña, los registros fiscales por peculado y administración fraudulenta forman parte de su récord oficial.
¿Cómo ha sido la gestión de Roberto Sánchez en Juntos por el Perú?
La llegada de Roberto Sánchez a la presidencia de Juntos por el Perú está marcada por acusaciones de deslealtad y manejo irregular de fondos partidarios. Yehude Simon, fundador del partido y exmentor de Sánchez, lo calificó como un personaje carente de ética que se apoderó de la organización política mediante maniobras legales cuestionables. Simon sostiene que Sánchez "le mordió la mano a quien le dio de comer", desplazando a los cuadros fundadores para instalar una dirigencia afín a sus intereses personales.
Exmilitantes de la agrupación, como Leandro Cerna, han denunciado que los aportes económicos de los candidatos regionales y municipales de las elecciones de 2018 no fueron transparentados. Según el testimonio de Cerna, el dinero recaudado —que superaría el millón de soles a nivel nacional— terminó en cuentas personales del hermano del hoy candidato presidencial. A pesar de que las bases exigieron una rendición de cuentas en plenarios nacionales, el actual congresista solo habría justificado el gasto en mobiliario de oficina menor.
A estas denuncias se suma la presunta falsificación de un acta para lograr el reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El proceso fiscal por falsedad ideológica señala que se habrían incluido firmas de personas que nunca asistieron al congreso partidario para alcanzar el quórum necesario. Esta situación ha generado una fractura interna irreversible en la izquierda, donde figuras como Verónika Mendoza también habrían sido desplazadas por la gestión de Sánchez.
¿Qué vínculos mantiene el candidato con la minería ilegal y Antauro Humala?
En su labor parlamentaria, Roberto Sánchez ha sido señalado por la congresista Diana Gonzáles como el "presidente en la sombra" de la Comisión de Energía y Minas. Se le atribuye el impulso de iniciativas legislativas que favorecen directamente a las economías ilegales. Entre sus proyectos más controvertidos figura la prórroga del Reinfo y una ley marco de "minería ancestral" que exceptúa a los mineros del permiso para el uso de explosivos y el transporte de insumos químicos sin controles ambientales.
La propuesta política de Sánchez para la presidencia incluye una alianza estratégica con el sentenciado por el Andahuaylazo, Antauro Humala. El candidato de Juntos por el Perú ha designado públicamente a Humala como su vocero en temas de seguridad nacional y defensa, a pesar de su condena por homicidio y secuestro. Humala, por su parte, ha manifestado que su plan incluye el fusilamiento de corruptos, medida con la que Sánchez ha mostrado total conformidad en sus recientes discursos de campaña.
Esta faceta radical contrasta con su actuación el 7 de diciembre de 2022, día del golpe de Estado de Pedro Castillo. Aunque hoy se presenta como el heredero político del expresidente preso, en aquel momento Sánchez renunció irrevocablemente al gabinete y se abstuvo de votar en contra de la vacancia. Este comportamiento ha sido interpretado por sus opositores como un oportunismo político que busca captar el voto castillista mientras oculta un historial de decisiones pragmáticas y alianzas con sectores cuestionados de la minería y el etnocacerismo.