Roberto Sánchez pasa a juicio oral por caso de falsa declaración a ONPE

El Poder Judicial, mediante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró la existencia de una relación jurídica procesal válida contra Roberto Gerber Sánchez Palomino.

El magistrado Adolfo Farfán dictó el auto de enjuiciamiento que dispone el traslado del proceso hacia la etapa de juicio oral con conocimiento de fondo. El candidato presidencial es procesado por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportes ante la ONPE.

La imputación penal del Ministerio Público se concentra en la presunta falsedad de las declaraciones presentadas por el dirigente político durante el año 2019. Los informes contables remitidos a las autoridades electorales consignaron que la organización no recibió ingresos financieros por concepto de aportaciones económicas en dicho ejercicio. 

Cifras bajo investigación fiscal por aportaciones ante la ONPE

La Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María detectó que un aproximado de 204951.36 soles no fue reportado ante la ONPE. La tesis acusatoria sostiene que los fondos recaudados por la organización partidaria se desviaron hacia una cuenta bancaria externa a los registros oficiales del partido.

Según el expediente fiscal, el depósito de las aportaciones se ejecutó en una cuenta financiera creada por William Sánchez Palomino, hermano del imputado.

El desvío de los activos impidió que la gerencia de supervisión de fondos partidarios fiscalizara el origen y destino del dinero utilizado por el movimiento político. Los representantes de la fiscalía penal sustentaron la documentación de las transacciones financieras efectuadas en los meses de enero y julio de 2019. Los montos no registrados representan la base probatoria del Ministerio Público para acreditar el ocultamiento de información económica obligatoria.

Requerimiento de pena privativa de la libertad e inhabilitación política

El Ministerio Público formuló un pedido oficial de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva contra el investigado Sánchez. El requerimiento de la fiscalía penal incluye la solicitud de inhabilitación definitiva para ejercer la presidencia de su organización política o cargos de representación. Las solicitudes de sanción se fundamentan en la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en agravio del Estado peruano.

El pedido de privación de la libertad fue presentado inicialmente ante el Poder Judicial en el mes de enero de 2026 tras concluir la etapa preparatoria. La defensa legal del procesado solicitó el sobreseimiento de la causa durante las audiencias previas de control de acusación técnica. El magistrado de la Corte Superior desestimó los recursos de la defensa y validó los elementos de convicción presentados por el equipo fiscal.

Fundamentos jurídicos para el dictado del auto de enjuiciamiento

El juez Adolfo Farfán aplicó el artículo 353 del Código Procesal Penal para habilitar el paso a la siguiente etapa procesal de juzgamiento. La autoridad del Poder Judicial argumentó la necesidad de analizar los aspectos jurídico-penales en un juicio oral de conocimiento público. La resolución judicial ordena que los testimonios, actas bancarias e informes periciales sean debatidos formalmente ante un tribunal de juzgamiento especializado.

El mandato de enjuiciamiento pone fin a la etapa intermedia del proceso penal seguido contra los directivos del partido político en Lima. Las dependencias administrativas de la Corte Superior de Justicia procederán con la designación del colegiado encargado de dirigir el debate oral. El imputado mantiene su condición de procesado judicial mientras se fijan las fechas correspondientes para el inicio de las sesiones de juzgamiento.