Roxana Rocha ve difícil alcanzar consensos en el Senado para aprobar facultades legislativas
De otro lado, la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, defendió su propuesta para establecer sanciones de hasta 10 años de internamiento para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como sicariato, extorsión y violación sexual contra otros menores de edad
La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y al debate en la Comisión de Constitución del Senado.
En entrevista con Canal N, Rocha señaló que ha observado posiciones divergentes entre los senadores sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, que comprende materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño.
La legisladora sostuvo que las modificaciones que realice el Senado deberían mantenerse dentro de esos dos ámbitos y no incorporar materias ajenas al pedido original.
Consultada sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo para aprobar el dictamen, afirmó que lo veía difícil debido a las diferencias expresadas durante las sesiones. Añadió que esperaba conocer la posición definitiva de la bancada de Renovación Popular tras las reuniones previstas antes de la votación.
"Ya no debe haber más demoras. El Perú necesita avanzar, aprobarla y darle las herramientas al gobierno para que justamente gobierne", sostuvo. Rocha también consideró que el Ejecutivo cuenta con otras herramientas para impulsar medidas urgentes, como el envío de proyectos de ley con carácter de urgencia.
Plantea hasta 10 años de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves
La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, defendió su propuesta para establecer sanciones de hasta 10 años de internamiento para adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves, como sicariato, extorsión y violación sexual contra otros menores de edad.
La legisladora sostuvo que el incremento de la participación de adolescentes en organizaciones criminales requiere sanciones más severas. Sin embargo, precisó que su propuesta contempla que los menores sean juzgados en el sistema de justicia juvenil y permanezcan en centros de internamiento especializados, sin ser recluidos junto a adultos.
Propone sanciones más severas para adolescentes
Rocha explicó que su proyecto plantea hasta 10 años de internamiento cuando los delitos graves cometidos por adolescentes ocasionen lesiones graves o la muerte de una persona. Asimismo, propuso sanciones de hasta 25 años para los adultos que recluten o utilicen a menores de edad para cometer delitos como sicariato y extorsión. En el caso de familiares o tutores que involucren a menores bajo su responsabilidad en estas actividades criminales, planteó la posibilidad de cadena perpetua.
La congresista advirtió que algunas organizaciones criminales captan a menores para utilizarlos en actividades delictivas y cuestionó que, tras cumplir las medidas actualmente aplicables, algunos regresen a las calles sin una rehabilitación efectiva.
No obstante, remarcó que los adolescentes deben permanecer en centros juveniles, pues considera que mezclarlos con adultos recluidos en penales podría exponerlos a mayores riesgos de criminalización.
Pide que la nueva ley MAPE evite repetir los problemas del Reinfo
Otro de los temas abordados fue la propuesta de nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que el Ministerio de Energía y Minas presentaría ante el Congreso. Rocha cuestionó los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y sostuvo que, después de aproximadamente diez años, el número de mineros formalizados habría sido reducido frente a la cantidad de personas involucradas en el proceso.
La diputada expresó su expectativa de que el nuevo régimen de consolidación no reproduzca los problemas del mecanismo anterior y permita simplificar los procedimientos para avanzar en la formalización.
Asimismo, planteó que el Ministerio de Energía y Minas lidere el proceso con la participación de los gobiernos regionales, la Sunat, la Sunafil y el Ministerio Público.
Finalmente, sostuvo que la lucha contra la minería ilegal debe combinar la fiscalización y la intervención frente a actividades ilícitas con alternativas para incorporar a los trabajadores a la minería artesanal formal, con mejores estándares ambientales y laborales.