Rutas si ley: Choferes armados para enfrentar el sicariato
Al menos 72 choferes fueron asesinados en el país en medio de cobros de extorsión a empresas de transporte público, según reportó Cuarto Poder
Un total de 72 choferes han sido asesinados en lo que va del año a manos de criminales dedicados a la extorsión contra empresas de transporte público. Esta cifra abarca a conductores de buses interprovinciales, transporte urbano y combis, tanto formales como informales, convirtiendo a los trabajadores del volante en un blanco constante de la delincuencia. Un reportaje de Cuarto Poder dio a conocer que las mafias exigen montos de hasta 30 mil soles como pago inicial y cuotas semanales de 5 mil soles para permitir la circulación de las unidades.
Frente a la continuidad de los atentados y la falta de protección estatal, conductores, dirigentes y empresarios del sector han optado por adquirir armas de fuego para su propia defensa. Casos documentados en distritos como Ate, Santa Anita y el Callao muestran ejecuciones perpetradas en paraderos y avenidas por sicarios a bordo de motocicletas. La violencia generada por estos cobros ilícitos ha paralizado flotas enteras y dejado a cientos de familias sin sustento económico.
¿Cómo operan las mafias de extorsión contra el transporte público?
Los criminales atacan a los conductores sin advertencia previa, utilizando armas de fuego y explosivos en plena ruta o en los paraderos de los vehículos. De acuerdo con dirigentes del sector, las organizaciones criminales exigen pagos de 30 mil soles como cuota inicial a las empresas y montos semanales de 5 mil soles a cambio de no atentar contra sus vidas. La negativa a realizar estas transferencias de dinero deriva inmediatamente en balaceras contra las unidades y el personal.
En un atentado reciente registrado el último lunes, Julio Becerra Centurión, conductor de la empresa Nuevo Horizonte, recibió tres disparos tras negarse a ceder ante los cobros. Representantes de la compañía informaron que este hecho constituye el tercer ataque con proyectiles de arma de fuego y granadas que sufren en un periodo de dos años. El chofer herido de bala en el estómago y el hombro debió ser trasladado a un centro médico mientras la flota suspendía sus operaciones.
La violencia contra los transportistas no discrimina entre choferes urbanos, interprovinciales ni informales en las distintas calles del país. En el óvalo de La Perla, en el Callao, el conductor Jesús Vargas Aguilar fue ejecutado por un sicario que le disparó directamente antes de huir en una motocicleta. Pocos días después, en la misma provincia constitucional, las cámaras registraron a un sujeto que descendió de una moto para disparar con un arma provista de silenciador contra un chofer de 71 años.
¿Por qué los conductores de bus han decidido armarse?
El temor constante a sufrir un atentado mientras prestan servicio ha llevado a varios transportistas a tramitar licencias para portar armas de fuego. Fernando Espinoza, conductor de la empresa El Pesquero que cubre la ruta Ate-Callao, confirmó que adquirió un arma con capacidad para 10 municiones para actuar en defensa propia. El trabajador indicó que, al estar al mando de un bus, el chofer se encuentra en clara desventaja frente a los sicarios que disparan a traición.
Por su parte, el dirigente y asesor legal Julio Bretoneche señaló que tanto conductores como empresarios y dirigentes están recurriendo a la compra de armamento legal ante el abandono que sienten. Bretoneche advirtió que esta medida de autofensa podría desembocar en un conflicto social armado entre el gremio de transportistas y las bandas de delincuentes. El dirigente sostuvo que las llamadas de auxilio a las autoridades resultan ineficaces debido a que los criminales huyen en segundos tras perpetrar los disparos.
Las agresiones en plena vía pública han sido reportadas reiteradamente dentro de unidades con pasajeros a bordo, generando zozobra generalizada. Un caso emblemático fue el asesinato de Mauro Garrizo Flores, chofer de la empresa Vipusa, acribillado de cinco disparos frente a la cobradora de la unidad y a los usuarios. Este tipo de ataques evidencia que los delincuentes actúan a la luz del día y sin reparar en la presencia de patrulleros a pocas cuadras de la escena del crimen.
¿Cuáles son las consecuencias socioeconómicas de la extorsión al transporte?
Los ataques armados no solo se traducen en la pérdida de vidas humanas, sino también en el abandono masivo de puestos de trabajo por el miedo reinante. Tras sufrir el atentado contra Julio Becerra, la empresa Nuevo Horizonte tuvo que mantener más de 40 buses totalmente parados durante al menos cinco días consecutivos. Esta paralización afectó de forma directa los ingresos de aproximadamente 300 familias que dependen económicamente de la operatividad de dicha compañía.
El dirigente de transporte Martín Ojeda calificó la situación del sector como caótica tras dos años de violencia ininterrumpida y criticó la falta de resultados de los planes policiales. Ojeda afirmó que no existe coherencia entre el actuar de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que permite que las bandas expandan su accionar hacia el transporte interprovincial. Asimismo, remarcó que las empresas atraviesan serias dificultades ante las renuncias de choferes que temen convertirse en las próximas víctimas.
Ante los continuos cuestionamientos, el general Revoredo declaró que las autoridades mantienen el compromiso de enfrentar la delincuencia en las calles. El mando policial manifestó que asumirá la responsabilidad correspondiente en caso de no lograr la captura de las bandas criminales que atentan contra la seguridad del transporte. Pese a estas declaraciones, las cifras continúan en ascenso y más de 72 choferes han sido asesinados por salir a trabajar en el transcurso del año.