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Ruth Luque sobre el caso de Digna Calle: "La Mesa Directiva debe hacer públicas las licencias"

En #OctavoMandamiento, la congresista de Cambio Democrático-JP, además, criticó la ley aprobada que reduce el plazo de suspensión de prescripción de delitos y que beneficiaría a altos funcionarios

Foto y video: Canal N

La legisladora Ruth Luque instó a la Mesa Directiva del Congreso a dar las explicaciones por las que se aceptó que la parlamentaria Digna Calle continúe legislando desde hace cuatro meses de manera virtual desde los Estados Unidos.

"Es importante que la Mesa (Directiva) transparente estas licencias (...) La virtualidad está habilitada para un caso o situaciones objetivamente justificable. Creo que la Mesa debe hacer público cuáles son las licencias y las razones, esa una cosa fundamental en estos casos", señaló en Octavo Mandamiento.

Además, la congresista de la bancada de Cambio Democrático-JP, señaló que el caso de Digna Calle no se abordó en el Consejo Directivo y el margen de las licencias que solicitó. Ante esto, Luque se mostró a favor del retorno total a la presencialidad para las sesiones del Congreso por parte de sus colegas.

"Se acordó que los Plenos sean presenciales y esa es la regla establecida (...) Debería retomarse toda la presencialidad porque hay debates que requieren de cara y escuchar de manera directa las posiciones en distintos temas que se abordan en las comisiones", argumentó.

CUESTIONAMIENTOS A LA LEY 31751

Por otro lado, la congresista Ruth Luque cuestionó la ley 31751, que modifica el artículo 84 del Código Penal que establece el plazo de "suspensión de la prescripción" de un delito a un año, lo cual, según expertos en el sistema judicial, beneficiaría a investigados por delitos menores.

"Quienes están a favor de este tema dicen 'no puedes tener las investigaciones abiertas', y estoy de acuerdo, pero tampoco se puede hacer es pretender dar un plazo tan estricto yendo en contra de lo que la jurisprudencia misma ha avanzado", señalo.

Asimismo, la parlamentaria detalló que las opiniones en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, respecto a la norma que fue aprobado por el Congreso el pasado 11 de mayo, llegaron después de la decisión de la representación nacional.

"De hecho, el acento mayor que hace el Poder Judicial es para el caso de los altos funcionarios, porque la Fiscalía estaría sujeta a un plazo que tendría que ver con temas de antejuicio. Y la opinión del Ministerio Público es que perjudica la labor de investigación y puede generar impunidad en delitos de organización criminal, sicariato u homicidio", remarcó.

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