San Juan de Lurigancho: Dueños de discotecas protestaron por restricciones del estado de emergencia
Empresarios y trabajadores de bares y discotecas en San Juan de Lurigancho expresaron su preocupación por la suspensión de eventos sociales, reuniones y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 a.m. como parte de la declaratoria de emergencia
Decenas de empresarios y trabajadores de distintos bares y discotecas salieron a protestar en San Juan de Lurigancho por una de las restricciones implementadas en el estado de emergencia, declarado ante la ola de delincuencia en el distrito.
Los negociantes aseguran que al dejar de atender desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada provocaría grandes pérdidas económicas, una situación que compararon con los daños provocados por las amenazas de organizaciones criminales.
CALIFICAN DE ABUSIVA LA MEDIDA
"En lo que no estamos de acuerdo es que nos perjudiquen en nuestros negocios. Es decir, basta de abusos. Porque no solo nos perjudican los extorsionadores, los delincuentes, sino ahora nuestras autoridades, cerrando nuestros negocios", aseguró Pedro Angulo, representante de la Corporación El Padrino.
Los empresarios creen que las medidas adoptadas no van a ser la solución a los problemas de seguridad del distrito y proponen otras alternativas como mayor presencia de agentes policiales especializados en inteligencia.
ESPERAN NO LLEGAR A LOS DESPIDOS
El grupo de negociantes dice que, si no hay un cambio, los más afectados serán su fuerza laboral, es decir, los empleados, pues los horarios se reducen, y así los ingresos económicos.
"Nosotros tenemos trabajadores que laboran ocho horas, que empiezan a las siete u ocho de la noche a trabajar. La restricción de horario nos afecta demasiado. No podemos tener esta contingencia para laborar", señaló Aldo Rodríguez, representante de Ipanema Inversiones.
Los empresarios del rubro de locales nocturnos en San Juan de Lurigancho planean realizar una marcha masiva hacia el Congreso de la República en los próximos días con el objetivo de ser escuchados, ya que, aseguran que estos 60 días de emergencia podría llevarlos a la quiebra, como lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19.