Santiváñez habría cobrado US$20 mil para influir en TC
El Ministerio Público ha revelado que el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría cobrado al menos 20 mil dólares para influir en decisiones del Tribunal Constitucional (TC), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia. Así lo indicaron dos testigos protegidos, cuyas declaraciones forman parte de una investigación en curso.
Durante la audiencia en la que se solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Santiváñez, el fiscal Luis Ballón presentó pruebas que incluyen más de mil mensajes de WhatsApp, 77 audios y 34 archivos en formato PDF.
Según Ballón, estos documentos evidencian negociaciones ilícitas en las que el ministro del Interior habría ofrecido cuando era abogado indicando su influencia para favorecer a determinados clientes.
Los registros muestran que la comunicación de Santiváñez involucraba a una tercera persona relacionada con Miguel Marcelo Salirrosas, interno con un proceso en el TC.
La tesis fiscal apunta a que las conversaciones datan de enero de 2024, cuando Santiváñez aún ejercía funciones como abogado en el caso de dos policías vinculados a la organización criminal “Los Pulpos” de Trujillo.
En una de estas conversaciones, el 5 de enero, el ministro aseguró conocer el estado del trámite en el TC de uno de los acusados, Eber Riquelme Juárez.
El 8 de enero, Santiváñez habría solicitado 20 mil soles por sus honorarios legales, pero también pidió 20 mil dólares adicionales para “asesores externos”. Según el testigo protegido 01-2025, ese monto servía para “asegurar” la resolución del caso a favor de su cliente.
Las transferencias se realizaron el 18 y 19 de enero en tres depósitos: 10 mil, 9,700 y 300 dólares. Según la Fiscalía, estos pagos fueron verificados mediante un segundo testigo protegido (02-2024).
En los audios y mensajes, el ahora ministro habría garantizado que su red de contactos en la Segunda Sala del TC permitiría que el caso de Salirrosas sea resuelto con prioridad. De hecho, según la Fiscalía, Santiváñez informó a su cliente que la audiencia fue programada para el 7 de febrero, antes de que el Tribunal Constitucional oficializara su agenda.
Por su parte, la defensa del ministro, liderada por la abogada Virginia del Pilar Nava, cuestionó la legalidad de las pruebas presentadas y rechazó la solicitud de impedimento de salida del país.