Santiváñez: Ley de Amnistía responde al principio de separación

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y defendió la reciente ley de amnistía.

Señaló que la norma responde al principio de separación de poderes y fue adoptada como una respuesta al terrorismo que intentó quebrantar la democracia y el Estado de derecho en el país.

Durante su discurso, Santiváñez afirmó que el Perú mantiene su compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos, en el marco de la preparación de elecciones libres y transparentes bajo el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Defensa de la ley de amnistía ante la ONU

El ministro sostuvo que la aprobación de la ley de amnistía se enmarca en la soberanía del Estado peruano y en el respeto al principio de separación de poderes.

Recordó que la medida busca responder a un contexto histórico marcado por el accionar del terrorismo, que causó graves daños y sufrimiento a la población.

Asimismo, remarcó que las decisiones del Congreso forman parte de su rol constitucional y deben entenderse como parte de la autonomía de los poderes del Estado en un sistema democrático.

Evaluación sobre la permanencia en el sistema interamericano

Santiváñez se refirió también a la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la ley de amnistía.

En ese sentido, advirtió que el Perú continuará evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de revisar las normas sustantivas y procesales que lo regulan.

El ministro señaló que, pese a estas consideraciones, el país seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

En su mensaje, Santiváñez subrayó que todos los pueblos tienen derecho a la libertad, independencia y autodeterminación, principios que deben respetarse sin injerencias externas.

Aseguró que el Perú continuará trabajando para fortalecer sus instituciones y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

Concluyó reiterando que el Estado peruano defenderá la estabilidad de sus instituciones democráticas y la labor de sus autoridades en el ámbito de los derechos humanos.