SIS: denuncian que existen 'pacientes fantasma'

La ciencia aún no está enterada que en el Perú se ha reportado un hecho imposible de ser explicado por las leyes regulares de la naturaleza: hospitales del Estado aseguran haber atendido a más de 190 hombres embarazados, a más de 34 mil mujeres que dieron a luz hasta tres veces en menos de un año y una larga lista de proezas médicas supuestamente hechas realidad en pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Estos son los detalles de un “negociazo”, de una mafia enquistada en los nosocomios del país que, con total desparpajo, pretende cobrarle al SIS, la institución que cubre los gatos de salud de los más pobres, nada menos que una deuda estimada en aproximadamente 150 millones de soles por atenciones médicas a todas luces irregulares. 

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Pero en esta historia, el SIS también tiene responsabilidad de arrastre: dejó que una corruptela incubada en el sector Salud por años lo usara como un botín, pues no hubo una fiscalización seria al debido uso del subsidio del Estado y, entonces, hoy, en la lista de atenciones por pagar aparecen pacientes que fácilmente podrían ser catalogados como seres de otro planeta. 

A casi cuatro horas de Huancavelica, en el poblado Chanquil, vive Ponciano Escobar Palacios de 64 años de edad. Su atención médica, según explicó, fue financiada por el SIS, pues no tenía dinero para cubrir un tratamiento a la vista. 

El humilde campesino aparece en la lista de cobros irregulares porque aparte de su atención médica original, aparentemente el hospital que lo atendió le estaría pidiendo al SIS que asuma los gastos de este paciente por el alucinante diagnóstico de embarazo. 

Luego del escándalo del “negociazo” de Carlos Moreno, ahora ex asesor del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el SIS entró en reorganización. Los hospitales del país reclaman a esta institución, administradora de los fondos de aseguramiento en salud pública, el pago de una deuda acumulada de 700 millones de soles por atenciones médicas impagas. 

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Como se trataba de compromisos heredados, el gobierno nombró como jefe del SIS al economista Edmundo Beteta para que revisara los fondos y sincerara el monto de las deudas. En paralelo, conformó además una comisión interventora para saber los problemas de un SIS en cuidados intensivos.

Con cada atención médica adeudada bajo la lupa, el SIS encontró irregularidades en todo tipo de atenciones. En el distrito de San Jerónimo, en la región Junín, por ejemplo, encontramos a Heriberto Castañeda Rivera, quien fue atendido con cobertura SIS por gastritis crónica. Sin embargo, en la FUA, el registro que avala la atención médica para el posterior desembolso del dinero del seguro público, su nombre aparece al lado de un diagnóstico desconcertante: embarazo. 

La Comisión Interventora del SIS encontró indicios de falsificación y adulteración de FUAS, es decir, de fichas de atención, que, a decir de los fiscalizadores, no son fiables para el cálculo del pago de una deuda por determinados servicios. Se identificó que el SIS, de manera presencial, solo audita el 1% del total de prestaciones en el país. Eso, definitivamente, sirvió de coladera para la corrupción enquistada en los hospitales que aseguran haber atendido, este año, y con fondos del SIS, hasta a hombres con males uterinos.

Uno de esos pacientes supuestamente es Dionisio Marcos Julián, de 78 años de edad, quien padece de cáncer a la próstata. Es varón. No tiene órganos reproductores femeninos, pero, según las investigaciones, aparentemente padecería un mal al endometrio, la cuna que el útero femenino prepara cada mes para la llegada de un posible embrión. 

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En el distrito de Independencia vive Elías García Tampis quien también padecería de afecciones al útero, aunque ya en ironía, él cree que en realidad lo abultado de su abdomen más bien se debería a unos cálculos renales que no lo dejan tranquilo. Pero estos casos no son parte de ninguna anécdota. La Comisión Interventora encontró también irregularidades en el padrón de afiliados del SIS. 

Los fondos del SIS, según las normas, deben ser usados para la reposición de medicamentos, compra de materiales e insumos que requieren los pacientes en sus atenciones y, sin embargo, se ha detectado que nosocomios usan el dinero para el pago de remuneraciones, equipamiento e infraestructura que debería ser asumido por el Ministerio de Salud. El SIS, cabe indicar, maneja solo el 9% del presupuesto anual total que administra ese sector.

Al tratar de sincerar gastos, el SIS rebajó las tarifas de los servicios  a precios reales que sí estaría obligado a cubrir y, entonces, el gremio médico pidió de inmediato la cabeza de Edmundo Beteta. Y es que, para los médicos, un economista no podría entender la verdadera realidad hospitalaria del Perú. 

Lo cierto es que, al final, la ministra de Salud, Patricia García, en vez de ponerse fuerte, conciliar con sus colegas, y alejar al seguro público de los “negociazos”, cedió y Edmundo Beteta fue jefe del SIS hasta el último martes. La presión política, las amenazas de interpelación, habrían podido más.

En la lista de atenciones impagas también está Carmen María Huamaní Huamaní. Ella vive en Nazca y, según información de la Contraloría de la República, el hospital donde se atendió está pidiéndole al SIS que le pague por dos cesáreas y un parto vaginal que esta joven tuvo en menos de dos meses. 

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Evelyn Luz Baca Flores es otra paciente asegurada que increíblemente dio dos partos naturales en menos de un mes. Cuarto Poder también llegó hasta Marcona, en Ica, donde encontramos a María Magdalena Chuyma Peña que casi llora, pero de risa cuando se le informó que se pretende cobrar por una cesárea y un parto vaginal que supuestamente le asistieron en menos de 12 días. 

Para saber qué se hará con los casos irregulares detectados, y si finalmente las atenciones médicas cuestionadas serán descontadas del total de la deuda que el SIS tiene con los hospitales, se solicitó una entrevista con la ministra Patricia García, pero no recibimos respuesta. 

Según el INE, el SIS ha contribuido a que más pobres accedan a la salud pública, el 66% de peruanos lo tiene, y, es por eso, que no se puede permitir la resistencia al cambio o, a nuevas políticas de control que deberían ser diseñadas, codo a codo, con médicos honestos que, a pesar de las limitaciones, no negociaran con el derecho a la salud pública.