SNMPE: Esperamos que el REINFO no se disfrace como la ley MAPE

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, expresó su preocupación por la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2025.

En diálogo con Canal N, consideró que esta cuarta prórroga representa un retroceso y un llamado de atención tanto para el Ejecutivo como para el Congreso. 

Torreblanca cuestionó que, a pesar de los anuncios previos del Ministerio de Energía y Minas, no se haya trabajado una hoja de ruta clara para cerrar el proceso de formalización.

Advirtió que, si no se toma una decisión firme, esta medida se convertirá en un mecanismo permanente que promueve la minería ilegal bajo otro nombre. 

Críticas a la lentitud del Congreso y al rol del Ejecutivo 

La titular de la SNMPE criticó que las declaraciones del Ejecutivo adelantando la prórroga hayan generado pasividad en el Congreso. Según explicó, este margen de tiempo otorgado desincentivó el debate técnico sobre la Ley MAPE, que debía ser aprobada en la legislatura anterior. 

Para Torreblanca, el Congreso y el Ejecutivo comparten la responsabilidad de la situación actual. Insistió en que el nuevo marco normativo debe contemplar criterios técnicos, definir funciones institucionales claras y proteger los derechos de los mineros formales.

Recordó que actualmente existen hasta 19 entidades estatales involucradas en la regulación minera, lo que genera duplicidades y falta de coordinación. 

La formalización minera como política de Estado 

Julia Torreblanca subrayó que el REINFO fue creado como una medida transitoria, pero ha sido extendido sin cumplir su propósito original.

Afirmó que, si en este nuevo plazo no se logra avanzar en la formalización efectiva, el Estado debe ejercer su autoridad para ordenar el sector y frenar las actividades sin concesión. 

Recordó que operar en concesión ajena constituye un delito y que muchos de los mineros informales podrían enfrentar procesos penales por afectaciones ambientales o incluso por vulneraciones a derechos humanos, como trabajo infantil o condiciones laborales inadecuadas. 

La SNMPE sostiene que es indispensable reforzar la fiscalización, no solo ambiental sino también penal, y que se identifiquen con claridad a los mineros artesanales que cumplen con la ley, diferenciándolos de las mafias criminales que se escudan en la informalidad. 

Riesgos de propuestas legislativas como la compra estatal de oro informal 

La presidenta de la SNMPE también cuestionó proyectos legislativos que proponen que el Banco de la Nación compre oro a mineros informales.

Consideró que estas iniciativas pueden incentivar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y promover mayor corrupción en la cadena productiva del mineral. 

Explicó que más del 40% del oro exportado en el Perú proviene de fuentes ilegales o no formales, y que la minería ilegal ya es la primera economía ilegal del país, superando incluso al narcotráfico.

Alertó que cualquier mecanismo que busque formalizar la compra sin revisar la cadena de valor generará más perjuicios que beneficios.

Torreblanca pidió al Congreso que revise las propuestas normativas con base en evidencia técnica y en un enfoque integral que permita un nuevo régimen realista para la minería artesanal y pequeña minería. 

En conclusión, Julia Torreblanca advirtió que, de no corregirse el rumbo, la cuarta prórroga del REINFO solo perpetuará la minería ilegal. 

Llamó al Congreso y al Ejecutivo a asumir sus responsabilidades y a trabajar una legislación seria y definitiva que garantice el orden, la legalidad y la formalización del sector.