SUPNEP cuestiona nuevo reglamento de la ley de pesca artesanal
La propuesta de los pescadores es que la ley se modifique para eliminar o reducir la sanción penal y establecer en su lugar un sistema de sanciones administrativas, permitiendo continuar con su labor sin temor a ser criminalizados
Franklyn Gonzáles, secretario general del SUPNEP, se mostró de acuerdo con la aplicación del nuevo reglamento de la Ley de pesca artesanal.
En diálogo con Canal N, saludó esta medida debido a que penaliza la pesca ilegal; sin embargo, sostiene que los viene afectando porque criminaliza su trabajo.
Una de las dificultades técnicas es la imposibilidad de prever el tamaño y cantidad exacta de la especie objetivo (en este caso, la anchoveta) hasta que se verifica la captura, debido a la falta de tecnología que permita detectar esto antes de calar las redes.
Esto implica que incluso con intención de respetar las cuotas de tamaño y cantidad, los pescadores pueden encontrarse en situaciones donde la captura no cumple con los límites, lo que los expone a sanciones severas.
Las embarcaciones en las que trabajan están registradas, poseen permisos, cumplen con cuotas establecidas por Produce, y operan bajo la supervisión del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que establece qué cantidad y tipos de especies pueden capturar en cada temporada.
Cambio climático
Otro punto importante es el cambio climático, que ha llevado a la migración de especies a áreas inesperadas, alterando las zonas de pesca tradicional y complicando la pesca sostenible.
Si bien la intención de la ley es válida al buscar proteger la especie, los pescadores consideran desproporcionado el castigo penal, ya que no buscan la depredación ni participan en actividades ilícitas.
A ellos les interesa tanto como al Estado preservar los recursos marinos, ya que dependen de estos a largo plazo.
Propuesta
La propuesta de los pescadores es que la ley se modifique para eliminar o reducir la sanción penal y establecer en su lugar un sistema de sanciones administrativas que considere las particularidades de la actividad pesquera, permitiendo continuar con su labor sin temor a ser criminalizados.
También sugiere un monitoreo y una regulación más adaptada, donde instituciones como Imarpe puedan intervenir en estos casos y tomar decisiones como el cierre temporal de áreas de pesca sin afectar de manera radical a quienes cumplen con las normas.
La normativa actual, argumentan, no tiene en cuenta las particularidades de la pesca industrial. Además, en su visión, los controles ambientales y la variabilidad climática están afectando tanto a las especies como a las zonas de pesca, lo que exige una respuesta regulatoria más adaptada y justa.