Susana Saldaña pide la renuncia del ministro del Interior
La presidenta de la Asociación de Gamarra también exige que el distrito de La Victoria sea declarado en estado de emergencia. Además, hace un llamado a la reforma del sistema de justicia
Los empresarios y comerciantes de Gamarra han decidido alzar su voz en una marcha simbólica para exigir al gobierno de Dina Boluarte acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad y criminalidad que enfrentan.
Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, las cifras son alarmantes: el 10% de los empresarios ha sido víctima de extorsión, y más del 60% ha sufrido robos o algún tipo de violencia vinculada al crimen organizado.
Ante esta situación, los comerciantes no pueden esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar. La marcha tiene como objetivo principal visibilizar esta realidad ante la presidenta y mostrarle que las medidas implementadas hasta ahora no han sido efectivas.
Pedidos
Los empresarios de Gamarra, así como muchos otros gremios, exigen que el distrito de La Victoria sea declarado en estado de emergencia y que se cambie al ministro del Interior debido a la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia.
Además, hacen un llamado a una reforma urgente del sistema de justicia, argumentando que no sirve de nada que la Policía Nacional detenga a los delincuentes si luego fiscales o jueces los dejan en libertad, o si, en caso de ser condenados, estos criminales continúan operando desde las cárceles con acceso a tecnología y medios para seguir extorsionando.
La marcha de hoy se está concentrando en Gamarra, con la intención de llegar hasta Palacio de Gobierno para exigir directamente al Ejecutivo medidas concretas que garanticen la seguridad de los emprendedores y de todos los peruanos.
Los comerciantes, con carteles y mensajes de protesta, demandan el derecho a trabajar en paz y sin temor, resaltando que su lucha es por la vida de los "gamarrinos", los "victorianos" y de todos los peruanos.
Saldaña concluye que los emprendedores son los más afectados por la violencia y el crimen organizado, y que necesitan garantías para poder trabajar con seguridad, ya que de su labor diaria dependen no solo sus familias, sino también la economía del país.