TC deja al voto la demanda contra la reorganización de Petroperú

El Tribunal Constitucional (TC) evaluó este martes 25 de agosto en audiencia pública las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que dispone la reestructuración integral de Petroperú a través de Proinversión. Tras escuchar los alegatos presentados por las partes involucradas, el pleno del organismo dejó la causa al voto para emitir su fallo definitivo.

Las acciones legales ante el tribunal fueron presentadas de forma acumulada por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, contando además con el respaldo de los colegios profesionales de Abogados e Ingenieros. Todas estas entidades coinciden en señalar que la norma impulsada por el Ejecutivo abre la puerta a una eventual privatización o fragmentación de la empresa estatal frente a su crisis financiera.

Cuestionamientos a las concesiones y advertencia sobre terceros

En su intervención, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exigió que la empresa no sea privatizada como activo para evitar su desmantelamiento y rechazó la posibilidad de que operen terceros bajo la modalidad de concesión. El representante sostuvo que este tipo de esquemas suelen ser desnaturalizados con el tiempo, citando como antecedente lo ocurrido con los peajes, el gas de Camisea y otros modelos promovidos por Proinversión.

El defensor enfatizó que existe un componente orientado al beneficio de terceros y no necesariamente a la nación, la cual han acudido a defender ante el tribunal. De este modo, la Defensoría del Pueblo absolvió las preguntas técnicas formuladas durante la audiencia por el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse.

Exceso de facultades e impacto en la seguridad energética

El cuestionado Decreto de Urgencia 010-2025 fue promulgado la noche de Año Nuevo (31 de diciembre de 2025), durante la gestión del presidente José Jerí. La norma establece la separación de activos y unidades de negocio en bloques patrimoniales para ser gestionados por operadores privados especializados. Sin embargo, la Defensoría y la Municipalidad Provincial de Talara sostienen que el Poder Ejecutivo excedió sus atribuciones al eludir el debate parlamentario y vulnerar el principio de separación de poderes.

Asimismo, los demandantes enfatizaron que la disposición no reúne los criterios de urgencia e imprevisibilidad exigidos por la Constitución para emitir decretos extraordinarios. En esa línea, advirtieron el peligro de aplicar mecanismos de inversión privada sobre una empresa con rol estratégico para la soberanía y seguridad energética del país.