Vladimir Padilla: Prisión preventiva a Chávez es inoportuna y riesgosa
El abogado penalista Vladimir Padilla consideró que la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos contra la ex primera ministra Betssy Chávez es una medida “inoportuna” y que podría interferir con el juicio oral en curso, así como con las gestiones diplomáticas relacionadas a su solicitud de asilo.
En entrevista con Canal N, Padilla señaló que el tribunal que lleva el caso de Chávez y del expresidente Pedro Castillo ya ha marcado una línea de actuación.
Recordó que anteriormente se había solicitado declarar contumaz a la exfuncionaria, pero el juzgado optó por continuar el proceso penal hasta la emisión de la sentencia, la cual se encuentra próxima.
La fiscal suprema Zoraida Ávalos pidió prisión preventiva contra Betssy Chávez por incumplir reiteradamente las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial. Entre los incumplimientos, Chávez no asistió a tres controles biométricos obligatorios programados para el 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre, y tampoco se presentó a cuatro sesiones del juicio oral donde enfrenta cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022
Pedido de prisión preventiva no debería venir de otro juzgado
El penalista cuestionó que la solicitud haya sido presentada ante un juez distinto al que viene juzgando el caso. “¿Quién sabe más del proceso? ¿El juez que lleva el juicio o uno externo?”, se preguntó.
Según Padilla, adoptar medidas drásticas desde fuera del tribunal principal genera incoherencias procesales y podría derivar en situaciones contradictorias.
Además, consideró que el pedido fiscal responde más a una necesidad institucional de corregir errores pasados —como los señalados por el Tribunal Constitucional respecto al plazo de una prisión preventiva anterior— que a una urgencia procesal real.
Chávez no tiene mandato de detención vigente
Padilla explicó que Betsy Chávez, actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, no tiene orden de detención vigente.
Solo cuenta con un impedimento de salida del país que rige hasta julio de 2026, por lo que puede movilizarse dentro del territorio nacional, aunque no tomar un vuelo sin autorización judicial.
Por tanto, indicó que no se configura un riesgo inminente de fuga y que cualquier restricción adicional debería evaluarse solo en caso de una eventual sentencia condenatoria. “La Fiscalía se ha precipitado”, concluyó.
El abogado también advirtió que este pedido de prisión preventiva podría entorpecer el trabajo tanto del tribunal que está por dictar sentencia como de la Cancillería peruana, encargada de resolver el salvoconducto solicitado por el gobierno mexicano.
Padilla concluyó que no se trata de una persecución política, pero sí de una estrategia fiscal que, a su juicio, genera efectos contraproducentes en un proceso que ya está en su etapa final.